La sabiduría convencional indica que, cuando de cine se trata, pocas secuelas valen la pena. Históricamente, las continuaciones que son mejores que la producción original son simplemente la excepción, como por ejemplo Toy Story 2.
Es por eso que cualquiera que vio la producción original de ese tiraje original de género híbrido entre tragicomedia y terror que fue el escrutinio de los votos de las elecciones para diputados y alcaldes en El Salvador, debería estar helado de miedo ante la pesadilla anunciada que se nos viene en la forma de un nuevo recuento.
Ante las demandas planteadas por diferentes candidatos a quienes la falta de transparencia y alegatos de irregularidades a lo largo del proceso han quitado la tranquilidad, la Sala de lo Constitucional ha ordenado un nuevo conteo, volviendo provisionales las credenciales recibidas por los que hasta ahora, asumimos de buena fe son los diputados electos.
Esta nueva oportunidad deberían aprovecharla las autoridades competentes para reivindicarse ante los ojos de la ciudadanía, haciendo el recuento de forma transparente y abierta a la auditoría ciudadana, demostrando haber aprendido lecciones valiosas en el primer conteo y permaneciendo alerta para detectar potenciales instancias de fraude que podrían estar vulnerando los derechos constitucionales, tanto de candidatos como de la voluntad democrática del electorado.
Esperemos que la continuación de la película no sea un reflejo de la primera y que atrás hayan quedado la clara incompetencia e inoperancia cantinflesca de la saga de varias semanas que fue el conteo. Este recuento, aunque limitado a San Salvador, debería servir para abrir una nueva oportunidad de reflexión sobre la urgencia de una reforma institucional que nos deje, en vez de mal sabor de boca y desconfianza, satisfacción y seguridad jurídica.
Entre los elementos de mejora a considerar debería estar la capacitación de personal y la transparencia en la contratación de servicios. La falta de capacitación para los miembros de mesa fue evidente, a menos que las actas que aparecen con cero votos sean resultado de la mala fe. Las fallas tecnológicas de las que se responsabilizó a la empresa contratada pusieron en evidencia la falta de profesionalidad con la que se toman decisiones institucionales y la poca seriedad en las contrataciones gubernamentales. ¿Cómo confiar en el resto de proyectos que a diario contrata el gobierno? ¿Cómo saber si el dinero del contribuyente, que podría servir para ser invertido en la creación de empleos o la innovación está siendo despilfarrado por inoperancia, desinterés o corrupción?
El Tribunal Supremo Electoral es sin duda el primer responsable puesto que su competencia constitucional era la de velar por el funcionamiento del proceso electoral. Hasta ahora no ha habido una aceptación de responsabilidad, o un ofrecimiento de disculpas ante la ciudadanía, parte de la cual de manera voluntaria cuidó el voto con apenas apoyo infraestructural o institucional. Cualquier empleador a quien sus empleados le fallan de manera tan descarada y evidente reaccionaría optando por el despido y la búsqueda de otros talentos que puedan ejercer la posición de manera adecuada; la ciudadanía ha sido demasiado paciente, o ha olvidado que es mandante de los servidores públicos ya que hasta ahora todos los responsables conservan sus puestos sin haber brindado los resultados esperados. Esperemos que esta secuela sea una de las excepciones a la regla y sea mejor que la producción original.
*Lic. en Derecho con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg