Miguel Ángel Flores Durel, abogado de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, presentó ayer un escrito ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para solicitar que la institución brinde acompañamiento a Mixco de Saca por la posible violación de dos derechos fundamentales: libertad y seguridad jurídica.
Ayer mismo el defensor interpuso un recurso de hábeas corpus preventivo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mixco de Saca es procesada en el Juzgado Séptimo de Instrucción porque presuntamente contribuyó al desvío de 246 millones de dólares provenientes de la Presidencia, durante la administración de su esposo, Elías Antonio Saca, entre 2004 y 2009.
El jueves, dicho juzgado resolvió que la exprimera dama debía pagar en efectivo, en 10 días -contados a partir de ayer- la fianza de 250 mil dólares bajo la cual quedó en libertad condicional por órdenes del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
Sobre esta orden, Flores Durel aseguró que la siguiente semana presentará una revocatoria, ya que su clienta estableció que pagaría la fianza por medio de una póliza, la cual es en efectivo, pero no en entrega condicionada.
Bajo las mismas medidas quedaron sujetos los imputados César Funes Cruz y Antonio Lemus. El nombre de último no aparece en la resolución emitida por el juzgado de instrucción.
El caso de supuesta corrupción ha sido judicializado en dos procesos. El primero de ellos tuvo lugar el año pasado, cuando, a finales de octubre, Saca fue detenido junto a César Funes y Julio Rank, su exsecretario de la Juventud y exsecretario de Comunicaciones, respectivamente. Además fueron detenidos tres excolaboradores de la actual Casa Presidencial. Por su parte, Élmer Charlaix, el exsecretario privado de Saca, se entregó a las autoridades.
En febrero de este año fueron giradas nuevas órdenes de captura para personas vinculadas a delitos de lavado de dinero y activos, porque se presume que de los $246 millones desviados en la administración Saca, ellos contribuyeron lavando $22 millones.
Las autoridades capturaron a más de 10 sospechosos. Entre los imputados se encuentran representantes de empresas publicitarias.
Las empresas, de acuerdo con las investigaciones de Fiscalía, se encargaban de recibir cheques de la Presidencia sin dar ningún servicio, más que el de blanquear el capital y regresarlo a cuentas de las empresas de Saca y su esposa, quienes también son procesados por presunto enriquecimiento ilícito.