La jueza especializada de Instrucción “A”, Lucila Fuentes, no aceptó la petición de los abogados defensores del supuesto grupo de exterminio procesado por 12 homicidios, de anular del proceso al testigo con beneficios penales de la Fiscalía, clave Sirio.
Según lo argumentado por los defensores, el criteriado no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Procesal Penal para que la Fiscalía contara con su testimonio.
“No tenía la mínima participación en los hechos de los que él está brindado información”, señaló Carlos Meléndez, defensor de Mario Sosa Guerra, perfilado en la investigación como el encargado de dar las órdenes de asesinatos al grupo.
Sin embargo, Fuentes determinó que la misma ley establecía que, en el caso de crimen organizado, no había que darles criterio de oportunidad a los que encabezan la organización, a menos que su testimonio fuese indispensable para investigar a otros imputados.
Por lo tanto, dijo, un criteriado puede ser un colaborador o alguien que ha dirigido hechos delictivos.
“La ley da los parámetros para admitir o no admitir, y dentro de mis facultades, cuando esa prueba todavía ni siquiera se ha inmediado, no me parece a mí oportuno decir: ‘No le voy a dar valor al testigo criteriado’”, aclaró Fuentes, quien señaló que es al juzgador que conoce el caso valorar la credibilidad de un testigo criteriado.
Según el requerimiento fiscal, el supuesto grupo de exterminio operó entre 2014 y 2015 en los departamentos de La Libertad, Sonsonate y Santa Ana, y tenía como colaboradores a cuatro agentes de la Policía y un sargento, además de un empleado administrativo de la institución.
Sirio, manifiesta Fiscalía, además de reunirse con el grupo para planificar las muertes contra pandilleros, también ayudaba con provisión de armas, como una pistola 9 mm. y un revólver 32-20.
Las reuniones eran en la cervecería Tres Puentes, en la colonia El Tempisque, cantón Zapotitán, en Ciudad Arce, La Libertad, así como en otras casas y parcelas de la zona.
Para cometer los crímenes, de acuerdo a las investigaciones, los imputados vestían uniformes de policías.