Desde inicios de marzo del presente año, en una reunión sostenida con los partidos políticos, el presidente Salvador Sánchez Cerén les presentó una propuesta de reducción de gastos que abarcaba a los tres órganos del Estado, según la diputada Milena de Escalón, de ARENA.
Si esa moción se hubiera concretado en esa fecha, se habría evitado lo que sucedió el viernes 21 de abril: caer en el impago de $56 millones que el gobierno debía cancelar a los cotizantes de las AFP por prestarle dinero para pagar las pensiones de los jubilados del ISSS e Inpep. Ese mismo día el gobierno presentó su propuesta a la Asamblea Legislativa y ahí fue aprobada.
Impago pasa factura a instituciones públicas
Sin embargo, el tema se fue diluyendo con los días sin que se pagara la deuda hasta el punto en que varias calificadoras de riesgo bajaron la calificación crediticia del país, lo cual ha impactado en la credibilidad de El Salvador a nivel internacional.La propuesta
El gobierno propuso recortar fondos a Salud, Educación, Seguridad, Fuerza Armada, entre otras, pese a que tenía otras áreas de dónde tomar dinero sin sacrificar esos rubros. De hecho, ARENA le hizo una propuesta posterior para salir del impago. Además de hacer recortes en el Ejecutivo, Sánchez Cerén planteó incluir a la Asamblea y a la Corte Suprema de Justicia para que dieran su aporte.
Según la lista a la que tuvo acceso este periódico, la Asamblea pudo aportar $2.2 millones, pero no lo hicieron aduciendo que el presidente de ese órgano, Guillermo Gallegos, de GANA, estaba fuera del país y que por eso no se podía convocar a la Directiva y sacar el acuerdo. Según diputados del PCN, ARENA, FMLN y PDC, la solicitud de excluir a la Asamblea de los sacrificios de reducción de gastos provino de GANA.
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Al consultar al jefe de la fracción naranja, Guadalupe Vásquez, explicó que no se oponían a hacer el recorte, sino que no se podía convocar a la Directiva para no violar el Reglamento de la Asamblea.“La petición era que el gobierno central tendría que haberlo informado anteriormente, porque son entre Órganos de Estado para que la Asamblea Legislativa se redujera el monto solicitado”, justificó Vásquez.
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Se consultó a Peña por qué la Asamblea no quiso dar $2.2 millones de su presupuesto como lo propuso el gobierno, pero no contestó el mensaje por Whatsapp; sin embargo, Rolando Mata, del FMLN, sostuvo que ellos propusieron incluso que se quitaran los $4 millones del seguro médico privado de la Asamblea, pero afirmó que GANA se opuso.En el caso de la CSJ, Mario Ponce, jefe de fracción del PCN, manifestó que también solicitaron al presidente de ese órgano, Armando Pineda Navas, su opinión sobre si estaban dispuestos a reducir $4 millones, en aras de no sacrificar a la Fiscalía, porque le querían recortar $500 mil; o a la Procuraduría General de la República (PGR), que al final le redujeron $430,000.
Sin embargo, Rodolfo Parker, del PDC, y Vásquez, de GANA, comentaron que en el caso de la CSJ no se le puede bajar a su presupuesto, ya que por Constitución debe ser el 6% del Presupuesto General de la Nación.
Al final, el viernes 21 de abril la Asamblea aprobó sin los votos de ARENA y PDC un recorte de gastos en el Ejecutivo por $56.6 millones, haciendo recortes en instituciones que más bien necesitan refuerzo.
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“Hasta a la PGR le quitaron, no se le descuenta nada a la Asamblea Legislativa y se le toca a la PGR, y nosotros buscándole fondos para aplicar la Ley de Adopciones (que entró en vigencia el lunes 24 de abril) como iba a acompañar algo así”, refutó Parker.Sin tocar los salarios
Mientras Salud, Educación y Seguridad deberán hacer malabares para ver de dónde recortan el dinero que ha servido para salir del impago, sin afectar áreas indispensables de sus funciones, el gobierno dejó casi intacto el gasto en remuneraciones.
De hecho, la ministra de Salud, Violeta Menjívar, admite que recorte a su cartera de Estado afectará los servicios médicos que brinda a la población. Esto “de alguna manera va afectar la prestación de servicios; nosotros sabremos cómo sobrellevar la situación”, dijo.
El área de remuneraciones públicas, sin embargo, va en aumento y alcanza, hasta 2016, el 9.1% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central de Reserva. El gasto del gobierno en salarios es el más alto de Centroamérica, según un informe de 2016 del FMI, del cual este periódico tiene copia.
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El FMI y el BCR revelan que de cada dólar que se recolecta en impuestos, $0.71 centavos sirven para cancelar remuneraciones y que pese a mayor recaudación, esta no se traduce en inversión social.En contraste, el gobierno recortó a Salud, que atraviesa falta de medicamentos, equipos y otras deficiencias; y a Seguridad que debe lidiar con las pandillas, delincuencia común y el narcotráfico. Las remuneraciones y los “gastos reservados” de la Presidencia, cuya partida es de $60 millones, según ha dicho ARENA, quedaron intactos.
Además, cifras del BCR también indican que mientras la recaudación tributaria creció en $1,281 millones entre 2008 y 2016, la erogación en salarios del gobierno se elevó en $909 millones durante el mismo periodo.