El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó ayer la petición de Sigfrido Reyes -presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Proesa) y embajador para inversiones- para que los magistrados Sidney Blanco y Belarmino Jaime no participen en la toma de decisiones relacionadas con la investigación que le sigue la Sección de Probidad por presunto enriquecimiento ilícito.
Según las declaraciones patrimoniales que Reyes presentó en la CSJ, él y su familia tuvieron un incremento económico de 717,065.80 dólares durante los nueve años que fungió como diputado del FMLN en la Asamblea Legislativa.
En diciembre pasado, el funcionario solicitó al máximo tribunal que Blanco y Jaime no conocieran su caso, ni como miembros de la Corte Plena ni como integrantes de la Comisión de Ética y Probidad de ese tribunal superior.
El argumento de Reyes fue que temía una “falta de imparcialidad judicial” de ambos jueces, debido a que el 11 de octubre pasado él presentó ante la Fiscalía General una denuncia contra los magistrados por la “probable comisión de delitos arbitrarios”.
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A su juicio, esa era una razón suficiente para que ambos magistrados fueran separados del caso.Sin embargo, el pleno de la Corte resolvió ayer que Blanco y Jaime sigan conociendo el caso por considerar que los motivos alegados no son “serios, razonables y comprobables”.
Una magistrada que pidió no ser identificada explicó que se tomó esa decisión al concluir que el trabajo que realiza la Comisión de Ética y Probidad, a la que pertenecen sus dos colegas, no es para definir el fondo de los asuntos que debe conocer al pleno de la Corte, sino que únicamente para facilitar la discusión de los casos.
“No es que ellos (los miembros de la comisión) deciden. Se decide con la integración de Corte Plena, con los 15 magistrados, y se toma decisión con ocho votos como mínimo”, dijo la funcionaria.
Otro razonamiento que hicieron los magistrados es que la denuncia que Reyes presentó contra Jaime y Blanco en el Ministerio Público fue varios meses después de que ambos fueran delegados en la comisión de Ética y Probidad.
Además, el pleno de magistrados falló en contra de Reyes porque aún no se conoce el resultado de la investigación que la Sección de Probidad le está realizando al exdiputado.
“No podemos estarnos adelantando a una decisión de que ellos (Blanco y Jaime) no deben conocer. Será en su momento, cuando ya Probidad presente el informe, que se va a evaluar, porque ya ahí nos encontraríamos en el momento oportuno”, sostuvo la fuente.
Jaime y Blanco ausentes en sesión de Corte Plena
Al intentar conocer la opinión de los magistrados que Sigfrido Reyes pretendía que no conocieran el caso de supuesto enriquecimiento ilícito, el magistrado Jaime aseguró qué ni él ni Blanco estuvieron en la sesión de Corte Plena de este martes para evitar “malas interpretaciones”.
“No sé ni qué argumentaron (en la reunión de Corte Plena), ninguno de los dos estuvo presente en eso para evitar malas interpretaciones; para que no dijeran que estábamos votando en un sentido o en otro. Simplemente fue para evitar cualquier mal interpretación que se quisiera hacer”, señaló Jaime.
En agosto de 2015, por acuerdo de la presidencia de la CSJ, los magistrados Jaime y Blanco fueron delegados para coordinar e impulsar indagaciones preliminares de las declaraciones patrimoniales de diferentes funcionarios presentadas en la Sesión de Probidad.
Después, ellos debían presentar los resultados de esas investigaciones ante la Corte Plena para ser analizados y emitir un pronunciamiento.
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Pero en enero de 2016, estas funciones fueron asumidas por la Comisión de Ética y Probidad, la cual estaba integrada por Jaime, Blanco y sus colegas Leonardo Ramírez Murcia, Sergio Luis Rivera, Óscar López Jerez y Dafne Sánchez, quien unos meses después renunció a la comisión aduciendo que tenía exceso de trabajo al ser presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo.En reiteradas ocasiones, los 15 magistrados que forman la Corte Plena han protagonizado fuertes debates por el envío a juicio de funcionarios y exfuncionarios que no pudieron justificar incrementos en sus cuentas y bienes.
Un grupo de magistrados de la CSJ insistió en que no se revelen al público las discusiones del pleno sobre investigaciones de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios, pero sus mismos colegas les recordaron que el interés público prevalece en estos casos.
Incluso hablaron de investigar a los empleados de la Sección de Probidad por los informes que han salido a la luz pública.
Reyes ve investigación como venganza
Recientemente, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, confirmó que Sigfrido Reyes está en la lista de funcionarios de quienes está por emitirse una resolución.
Días después, Reyes calificó la investigación de Probidad en su contra como “un plan de venganza y revanchismo” y que espera que sea investigado por la Fiscalía General.
En la entrevista de Canal 12, él aseguró que “siempre ha sido crítico de las violaciones a la Constitución y que por eso presentó una denuncia contra los magistrados Jaime y Blanco.
En otra ocasión, en la Radio 102.9, el exdiputado del FMLN presumió que él ahorra y por eso puede comprarse una casa, un terreno o un carro, como cualquier persona “normal” lo hace en este país.
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“Tú ahorras (dijo al entrevistador), yo ahorro, al final del mes si tienes ingresos o gastos, o ahorras, ¿qué haces con los ahorros?, los inviertes, los pones en un banco, te compras una casa, un terreno, es lo normal”, argumentó el titular de Proesa, institución en la que devenga un salario de más de 7,000 dólares al mes, más de lo que gana el Presidente de la República.Agregó que para el nivel de vida de cualquier salvadoreño, se puede generar ese tipo de ahorro como para hacerse de propiedades y vehículos.
En su caso, Reyes lo atribuye a que su patrimonio creció porque desde hace 20 años ha ejercido cargos públicos. Según él, ha enviado los documentos que aclaran de dónde provienen sus ingresos.