La organización de la sociedad civil Colectivo Víctimas del Terrorismo pedirá este día a la Fiscalía General que investigue y judicialice como genocidio, los asesinatos de diez alcaldes y cinco exfuncionarios públicos cometidos por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí (FMLN) en el período del conflicto armado de 12 años que terminó con la firma de los Acuerdos de Paz.
“La persecución y asesinato de alcaldes y funcionarios públicos para destruir la unidad administrativa nacional, es un delito de genocidio”, dijo el abogado Fernán Camilo Álvarez, representante legal de la referida organización.
Señala que la intención de la denuncia es que la investigación fiscal esclarezca la responsabilidad de las entonces comandancias generales del FMLN y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las organizaciones guerrilleras que integraban el primero.
El abogado Álvarez basa su denuncia en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de la Amnistía de 1993, hecha por la Sala de lo Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 13 de junio del año pasado.
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En ese sentido, los asesinatos por los que Álvarez demandará su investigación y que sean llevados a los tribunales de justicia, son parte de los casos que contempla el informe de la Comisión de la Verdad y retomados en la resolución de la Sala para que sean investigados.Trae a cuenta el abogado demandante que la Comisión de la Verdad destacó que “hubo más de ochocientas denuncias sobre las acciones y persecuciones del FMLN contra opositores políticos y éstas aún no han sido investigadas en su totalidad”.
Agrega que esas acciones eran “planificadas y luego ejecutadas, lo que demuestra un grado estratégico que provenía de los altos mandos del FMLN, de acuerdo con el mismo informe de la referida comisión.
En ese sentido, los delegados de la referida comisión encontraron responsables de esas muertes a los exdirigentes de la antigua comandancia general del FMLN, algunos de ellos desempeñando cargos públicos en la actualidad.
“La Fiscalía General de la República, por medio de la persona del Fiscal General de la República, es único poseedor de la capacidad legal para investigar y judicializar los casos de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad del pasado conflicto armado”, señala la petición, agregando de que también es necesario “esclarecer errores o imprecisiones del informe de la Comisión de la Verdad”.
Al ser considerados como autores intelectuales de esas muertes, el abogado pide a la Fiscalía que emita las órdenes de captura en contra de los exdirigentes que integraban la denominada comandancia general del FMLN como el presidente Salvador Sánchez Cerén, Eduardo Sancho Castañeda, Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez, Ana Sonia Medina, Mercedes del Carmen Letona y Marisol Galindo.
Cuestiona además vacíos de la referida comisión al no señalar “el genocidio sufrido por los alcaldes y funcionarios públicos con pensamiento político no insurgente, lo que constituyó un núcleo poblacional con identidad política propia”.
Ilustra el abogado Álvarez que el crimen de genocidio lleva consigo la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Destaca además que se tratan de crímenes de lesa humanidad por ser parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Los argumentos jurídicos anteriores se basan en los artículos 6 y 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.