La Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, quien ha llevado a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, acusados de delitos de corrupción, reiteró que su lealtad es hacia la Ley, la Constitución y no hacia el Presidente de la República, Jimmy Morales, ni a sus ministros y diputados.
Aldana, junto a sus homólogos de El Salvador y Honduras, ha construido un frente común para combatir a las pandillas, a corruptos y al crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica, desarrollando acciones mancomunadas como el caso “La Línea”, en Guatemala, y con la cual procesaron a esos exfuncionarios, o la “Operación Jaque” -en El Salvador-, que permitió capturar cabecillas de maras, y golpeado sus estructuras financieras al decomisarles lujosos vehículos, microbuses y autobuses, así como embargado cuentas bancarias y suntuosas residencias; además de quintas de playa y negocios.
La Fiscal de Guatemala, una de los participantes del foro latinoamericano de fiscales que tuvo como propósito compartir experiencias exitosas para enfrentar a las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico, ofreció el viernes una entrevista a El Diario de Hoy. Compartió parte de los frutos del esfuerzo que, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han tenido en los últimos años.
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¿Cómo ha hecho Guatemala para realizar investigaciones y que éstas tengan buenos resultados como las ya conocidas, como La Línea? Lo que hemos tratado en Guatemala es tener fiscalías especializadas o fiscalías de excepción. De ahí tenemos fiscalías Distritales, fiscalías Municipales y fiscalía de Excepción. Tenemos una Fiscalía Especial contra la Impunidad, que trabaja de manera conjunta con los investigadores de la CICIG.El comisionado Iván Velásquez y yo tenemos una estrecha comunicación, de hechos nos hablamos y nos comunicamos todos los días; nos reunimos con los equipos de investigación, decidimos qué casos vamos a investigar, yo doy la autorización como Fiscal General. Les damos seguimiento y coordinación a los diferentes casos.
Cuando estimamos que el caso está listo, en la primera fase, en una investigación preliminar, el Ministerio Público hace la gestión ante el órgano jurisdiccional (Juzgado competente). Tratamos de investigar con objetividad y transparencia, empezamos con hechos, no con personas, no buscamos personas, pero las investigaciones nos van dando los nombres y así hemos llegado de manera desafortunada, -porque para mi es muy lamentable y muy triste llegar a una investigación y establecer que el mismo Presidente de la República -Otto Pérez- está involucrado como nos sucedió en el caso "La Línea".
¿Cómo se perfila usted como Fiscal General de Guatemala? Como Fiscal General sé que mi lealtad es hacia la Constitución no hacia el Presidente de la República, ni ningún ministro ni ningún diputado.Mi lealtad debe ser hacia la Ley, hacia la Constitución de Guatemala y a partir de ahí he tratado de fortalecer al Ministerio Público como un ente autónomo.
Yo soy una fiscal independiente, no recibo presiones de nadie, ni siquiera sugerencias, porque eso sería entorpecer mi función como Fiscal General.
Soy objetiva, transparente, no quiero perjudicar a nadie pero tampoco quiero favorecer a nadie en las investigaciones.
¿Cuánto tiempo dedican a los casos, o para investigar casos como el de "La Línea"? No tenemos plazos ni tiempos comunes para todas las investigaciones, depende del material que vayamos recabando y de las líneas de investigación que se siguen, de las hipótesis del caso que se vayan confirmando.
En investigaciones como "La Línea", que tardamos un año en investigarlo, encontramos 90 mil escuchas telefónicas que el Ministerio Público interceptó, hay un análisis criminal que se hace de esos métodos de investigación y, luego, pasamos a la fase de los tribunales de Paz.
¿Cuántos investigadores trabajan en estos casos como "La Línea"? En la Fiscalía contra la Impunidad tenemos a 90 fiscales y otro grupo de CICIG que apoya en la investigación a los fiscales.
"La Línea" El expresidente Pérez Molina guarda prisión desde septiembre de 2015, tras ser imputado por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo (recibir sobornos) y caso especial de defraudación aduanera.
El Ministerio Público acusó al militar de ser el cabecilla del caso “La Línea”, una red de funcionarios corruptos que defraudó al Estado por más de 3,5 millones de dólares, mediante la importación y paso de mercaderías en las aduanas sin pagar impuestos.
Empresarios o delegados de estos llamaban a una “Línea” -teléfono- en la que acordaban a quién y por cuánto debían sobornar para eximirse del pago de impuestos por esas importaciones de mercancías.
La exvicepresidenta Baldetto enfrenta, entre otros cargos, los de fraude, asociación ilícita, tráfico de influencias y caso especial de defraudación aduanera. Se vio implicada en un contrato turbio por unos $20 millones a una empresa israelí.
En agosto del año pasado, cuatro exministros de Pérez Molina fueron enviados a prisión provisional por su relación con este caso, que dirigió la CICIG y que recibió el acompañamiento de la sociedad civil organizada de Guatemala.
Como parte de ese caso histórico en Guatemala, en octubre del año pasado el exministro de Finanzas del Gobierno de Pérez Molina, Pavel Centeno, se suicidó de un tiro en la cabeza luego de dispararle a un agente de la PNC y a un fiscal especial. Los agentes y fiscales habían llegado para hacer un allanamiento y el exministro creyó que iban a detenerlo.
¿Qué principales obstáculos han enfrentado estas investigaciones y cuáles han sido superados? El principal obstáculo que hasta el momento estamos teniendo es el de la lentitud en el trámite del proceso judicial debido a acciones de toda naturaleza, que presentan las personas involucradas, no lo hemos superado y estamos con ese inconveniente, con esa lentitud en el trámite de los procesos judiciales, pero entendemos que se debe garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, pero sin caer en uso abusivo y excesivo de acciones legales de la defensa.
¿Cuántas investigaciones han logrado desarrollar y concretar en llevar a las personas a la cárcel? Solo en cuanto a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, sin tomar en cuenta el resto de Fiscalías, son cientos de casos que tenemos por hechos de corrupción vinculados al partido anterior (Patriota), alcaldes y estructuras criminales que identificamos como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco. Eso es lo que estamos tratando de desarticular de manera conjunta Ministerio Público y la CICIG.
¿En esos casos hay involucrados ministros, la exvicepresidenta y el expresidente de la República, hay funcionarios de todo rango?
Tenemos una prisión -militar- que se llama Mariscal Zavala, donde están el expresidente, el exministro de su gabinete, diputados, magistrados; están todos los funcionarios que, lamentablemente, han incurrido en delito.