Varios abogados advierten graves consecuencias si se acarrea el atraso en la asignación del presupuesto de $39.9 millones solicitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones de alcaldes y diputados del 2018. Estos aseguran que se pone en riesgo la transparencia de los resultados electorales y la legitimidad de los funcionarios que resulten electos tras las votaciones del 4 de marzo del próximo año.
El Plan General de Elecciones de 2018 (Plagel), diseñado por los magistrados del TSE, ya está en marcha, pero sin los fondos porque el Ministerio de Hacienda aún no se los ha aprobado.
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Tanto los magistrados del TSE como abogados y tanques de pensamiento han insistido en la necesidad de dotar de recursos lo más pronto posible y en la cuantía solicitada por el organismo electoral. De lo contrario, la transparencia de los resultados está en juego, advierten.Los abogados Francisco Bertrand Galindo, José Domingo Méndez, Eduardo Escobar y Rómulo Rivas Blanco, al igual que un reciente informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), coinciden en su preocupación por el atraso en la dotación de los $39.9 millones para los comicios que traen consigo nuevas modalidades de votación.
“Yo sí creo que es estar jugando con fuego con esto del retraso de los fondos para las elecciones. Recordemos el desorden de la vez pasada (en 2015) y ahora hay que sumar que se está votando también por (diputados) suplentes; o sea que el nivel de problemas puede llegar a ser muchísimo más grande”, apuntó Bertrand Galindo.
El conteo de marcas y preferencias y la marcación por diputados suplentes hacen más complejo el procesamiento de datos y resultados electorales en comparación con 2015, cuando se dieron una serie de irregularidades e inconsistencias en el conteo de votos, llenado de actas y asignación de marcas, que por momentos provocaron descontento y hasta reclamos de partidos y candidatos.
Según ellos, el “núcleo del proceso” electoral es el conteo y procesamiento de datos junto a la capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y demás organismos electorales temporales, que en esta ocasión no deberán pertenecer a partidos políticos tras un fallo judicial.
“De no contar con un servicio adecuado, prestado por una empresa de amplia y reconocida trayectoria y experiencia, que debe identificarse a través de un proceso de licitación pública, para el cumplimiento de las atribuciones señaladas, nuevamente podrían enfrentarse errores e inconsistencias en las actas y, por tanto, serias dudas sobre quiénes son los funcionarios que en realidad surgieron electos de las urnas”, plantea Fusades en su posición institucional de marzo.
Por eso creen que el gobierno no debe de escatimar ni reducir la dotación del presupuesto para que el TSE pueda desarrollar con eficiencia y transparencia la transmisión de los resultados electorales.
Sin embargo, el magistrado Miguel Ángel Cardoza, aseguró que extraoficialmente ha escuchado “rumores” de que Hacienda les recortará el presupuesto solicitado y que si eso ocurre se tendrá que replantear el Plagel que con tanto esfuerzo y estudio técnico se realizó.
Aseguró que aun si Hacienda les avale los recursos, el conteo tendrá que hacerse manualmente, pues los diputados no hicieron las reformas al Código Electoral para que se estableciera que el conteo se haría utilizando tecnología de punta.
“Ya no hay tiempo para comprar los equipos que originalmente nos habíamos planteado, ya no dan los tiempos. Y por otro lado, tampoco tuvimos el respaldo de los diputados en las reformas de ley para hacer el recuento de votos ocupando tecnología, tampoco se modificaron las reglas”, lamentó el funcionario del TSE.
¿Por qué el atraso? El abogado José Domingo Méndez no descarta que pueda haber una intencionalidad detrás de la tardanza en la asignación de los fondos al TSE.
“Se presta, sobre todo cuando se está manejando desde el punto de vista oficial el manejo de estas cosas podría prestarse a un manipuleo que redundaría en un grave perjuicio para la pureza y lo que debe ser la transparencia de las elecciones”, externó el miembro de los Aliados por la Democracia.
“Se ve que hay una cierta intención de dejar estas cosas para última hora y hacerlas en forma atropellada y con resultados negativos”, coincidió Rivas Blanco.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana (AC), dijo que por la falta de fondos el TSE no puede montar la escuela de capacitación para los miembros de los organismos electorales temporales o realizar las licitaciones para la contratación de servicios.
“Esto al final comienza a sembrar dudas en la ciudadanía sobre el desarrollo de las elecciones; cuán transparentes, cuán legales pueden ser los resultados. Esto no abona a que el ciudadano y los partidos tengan confianza en que va a ser un proceso electoral de acuerdo a la ley”, estimó.
Faltan 10 meses para las votaciones de 2018 y el TSE aún no cuenta con los fondos para desarrollar un proceso electoral que brinde la certeza y confianza en los electores y en los partidos políticos.