En los 15 meses que el fiscal general Douglas Meléndez lleva en el cargo ha denunciado, en reiteradas ocasiones, una serie de acosos contra él y el Ministerio Público.
Según ha denunciado, estos hostigamientos podrían ser en represalia por las investigaciones que se han hecho en su gestión contra empresarios, exservidores públicos y funcionarios vinculados a delitos de corrupción.
También ha señalado que hay intentos de algunos grupos de no permitirle trabajar con independencia y que casi le ha tocado “mendigar y pedir de favor” al Gobierno que le asigne más recursos económicos a la Fiscalía para su funcionamiento.
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Incluso, eso lo llevó a decir el mes pasado, durante un foro sobre impunidad organizado por la embajada de Canadá y la Organización de las Naciones Unidas, que podría ser necesaria la creación de un organismo en El Salvador similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).Dicho ente ha permitido a las autoridades guatemaltecas desarticular estructuras delictivas, en algunas de las cuales podrían estar involucrados altos funcionarios públicos, como el expresidente Otto Pérez Molina.
En este contexto, el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, que desde este jueves lleva a cabo su sesión ordinaria en San Salvador, dieron un voto de apoyo de apoyo al fiscal general salvadoreño.
La declaración conjunta fue firmada por Meléndez y por sus colegas de Costa Rica, Jorge Chavarría Guzmán (presidente pro témpore del organismo); de Guatemala, Thelma Aldana; de Colombia, Néstor Martínez Neira, y por el representante del Procurador General de República Dominicana, Juan Amado Cedano.
Los funcionarios de la región exhortaron al Estado salvadoreño a garantizar la seguridad de Meléndez y los empleados de la institución que dirige, así como la seguridad financiera para su respectivo funcionamiento.“Debe entenderse que la fortaleza del Ministerio Público es la fortaleza del Estado de derecho. La única manera de fortalecer el Estado de derecho es fortaleciendo al Ministerio Público; y no solo debe garantizar su independencia, sino también su funcionamiento”, señaló el fiscal costarricense.
Chavarría explicó que entre los objetivos de la entidad que preside está luchar por la autonomía e independencia del Ministerio Público en la organización estatal y el fortalecimiento de su rol en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad.
Por su parte, la fiscal Aldana, a quien Meléndez se refirió ayer como su “amiga”, exhortó a los ciudadanos salvadoreños a que se sume al esfuerzo de exigir un Ministerio Público “independiente, autónomo y fortalecido”.
En el encuentro, que culminará hoy, los funcionarios dijeron repudiar todo acto o manifestación que atente contra la integridad física del fiscal general salvadoreños, así como el de su equipo de trabajo y el de sus familias.
En agosto pasado, en una entrevista televisiva, Meléndez denunció que la institución y él mismo habían sido blanco de espionaje telefónico.
Además advirtió que personas a bordo de vehículos merodeaban los edificios de la institución con dispositivos móviles (drones) para hacer escuchas; uno de esos aparatos, según dijo, había sido enviado desde Chile.
En esa ocasión, Meléndez dijo estar consciente de que la institución estaba en la mira de grupos o persona que quieren tener injerencia en la Fiscalía y que, a raíz de las investigaciones realizadas, iban a aumentar las presiones, pero aseguró que continuarían con la misma dinámica de trabajo.
Algunas investigaciones en gestión de Meléndez Los expresidentes de la República, Mauricio Funes (quien está asilado en Nicaragua) y Antonio Saca y varios de sus exempleados; así como el exfiscal general, Luis Martínez, y varios alcaldes son algunos de los funcionarios o exservidores públicos contra los que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones en la administración de Meléndez.
En los últimos meses, la Fiscalía también ha llevado ante la justicia a varios empresarios que presuntamente habrían sobornado a funcionarios o tendrían vínculos con el narcotráfico, entre ellos Enrique Rais, presidente de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos; José Adán Salazar, (a) Chepe Diablo, dueño de una cadena de hoteles y distribuidora de alimentos.
También llevó a cabo la Operación Jaque, con la que se dio un golpe a las finanzas de la mara Salvatrucha.