El Tribunal de Apelaciones de la Policía Nacional Civil ratificó este jueves la destitución ordenada el 9 de enero por el Tribunal Metropolitano de la institución contra tres agentes y un cabo, porque según la corporación, infringieron la Ley Disciplinaria cuando el 27 de enero del año pasado marcharon hacia Casa Presidencial con el objetivo de exigir un bono trimestral de $500 y mejores condiciones salariales para los policías.
Mientras que el colaborador administrativo Felipe Manuel García, quien al principio también había sido destituido, fue absuelto, tras la revisión del recurso de apelación interpuesto por los elementos de seguridad en el tribunal.
Los policías destituidos son Ricardo de Jesús Martínez (cabo), Jorge Alberto Vásquez, Nuvia Arely Deleón y Marvin Reyes. Este último dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), al que todos pertenecen.
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El MTP ha denunciado en constantes ocasiones la falta de apoyo de las autoridades de la corporación en velar por las buenas condiciones laborales de los agentes.Un día después de las destituciones, el director de la Policía, Howard Cotto; y el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, señalaron que los agentes habían cometido faltas disciplinarias.
“Lo que no puede permitirse son actos que lleven a la paralización del servicio o a promover en una forma u otra la afectación del servicio que la Policía está obligada a dar”, dijo Ramírez Landaverde.
Critican postura de autoridades
“Mauricio Ramírez Landaverde es un mentiroso, porque claramente la Ley Disciplinaria solo se aplica para aspectos de tipo laboral. En ese momento nosotros no estábamos trabajando, estábamos de licencia, o de vacaciones o de permiso”, apuntó Reyes.
Según el dirigente del MTP, los quieren responsabilizar, incluso, de haber empujado la valla de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) el día de la marcha, acción que permitió que los policías llegaran hasta la Presidencia de la República.
Además, denunció que la Inspectoría policial aprobó un informe que contiene el árbol genealógico de cada uno de los agentes procesados, lo que se convierte en un acto de intimidación. Sumado a ello, dijo, que las llamadas entre los policías fueron intervenidas.
Reyes anunció que a inicios de la próxima semana procederán a interponer una demanda por el fallo tomado ayer ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).