La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este miércoles finalizó la “segunda fase de requisas”, en el interior del centro penitenciario de Ciudad Barrios en San Miguel.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, al finalizar el procedimiento, incautaron 10 celulares, 22 chips, siete cargadores para celulares, seis baterías, cuatro Bluetooth y siete punzones.
2° fase de registros en penal de Ciudad Barrios, con la dirección de FGR San Miguel, incautó ayer más objetos prohibidos: 10 celulares. 1
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 19 de abril de 2017
22 chips, 7 cargadores para celulares, 6 baterías, 4 Bluetooth, 7 punzones. El procedimiento duró tres días. 2
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 19 de abril de 2017
El hallazgo se realizó durante una requisa que ejecutaron las unidades especializadas de la Policía junto con la Unidad Antipandillas de la Fiscalía, durante tres días.
Al inicio de esta fase, Rodil Hernández, director General de Centros Penales, explicó en rueda de prensa que el pasado martes se reanundó el operativo luego de una primera fase, de 13 días, que tuvo un pausa durante las vacaciones de Semana Santa.
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Dijo que además del penal de Ciudad Barrios se está trabajando en los controles de los otros centros penales del país como Izalco en Sonsonate y Quezaltepeque en La Libertad."Las requisas continúan, estas son una actividad normal dentro del sistema penitenciario", señaló Hernández. "Son para reducir al máximo todas las posibilidades que puedan haber de comunicación de los privados de libertad hacia el exterior", agregó.
Recientemente El Diario de Hoy publicó un reportaje sobre la vida de los delincuentes en los penales, el cuál reveló que desde 2004 el Estado concedió a la Mara Salvatrucha el penal de Ciudad Barrios y Quezaltepeque; mientras que a los pandilleros de la 18 los confinó en Chalatenango y Cojutepeque, este último clausurado en junio de 2016.
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En reemplazo, el penal de Gotera pasó a ser de la 18. Trece años después, tres gobiernos han avalado que dos penales sean solo para pandilleros de la MS y dos para los de la 18.Esta medida fue tras descubrir que la mara MS y el Barrio 18 no pueden convivir. El escenario más trágico fue en Mariona: 32 reos fueron asesinados; otros quedaron desfigurados.
En el penal de Apanteos estuvo a punto de ocurrir lo mismo. Más de 2,000 reos comunes temían por sus vidas ahí. Rebelados ante las autoridades por la peligrosidad de las cárceles, destruyeron algunos catres y los convirtieron en armas: pedían que pandilleros de la MS fueran trasladados a otros penales. Las autoridades obedecieron. Estaban conscientes de que separar a las pandillas de los reos comunes y unificarlas en penales exclusivos podía ser un “riesgo”, pero priorizaron acabar con el “estado de emergencia” en Mariona y Apanteos.