Las pandillas que delinquen en El Salvador estarían pretendiendo influir en la opinión pública al mostrarse como víctimas de un Estado “agresor” ante algunas organizaciones no gubernamentales -nacionales e internacionales- que trabajan en el tema de la violencia y los derechos humanos.
Así lo aseguró este martes el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, al preguntarle sobre un informe relacionado con el fenómeno de las pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte), el cual fue divulgado este mes por el Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés).
El estudio hace recomendaciones a los gobiernos de los tres países para que puedan enfrentar el problema de las maras y se pueda recuperar el Estado de Derecho.
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Entre otros aspectos, a las autoridades salvadoreñas les sugiere no dar continuidad a las medidas extraordinarias que, desde abril de 2016, se ejecutan en las cárceles y exonerar de cargos penales a quienes facilitaron la tregua entre pandillas en 2012, bajo el gobierno de Mauricio Funes, ahora asilado en Nicaragua.Mientras que a Estados Unidos le aconseja quitarle a la mara Salvatrucha la designación de organización criminal transnacional.
“Ya teníamos conocimiento de que el crimen organizado de El Salvador, y particularmente las pandillas, estaban buscando ejercer cierta influencia sobre supuestos tanques de pensamiento u organizaciones de la sociedad civil que se dedican a atender este tipo de situaciones”, aseveró Ramírez Landaverde.
El ICG es una organización no gubernamental considerada un referente en el estudio, análisis y asesoramiento sobre políticas para prevenir y resolver conflictos mortales. Quienes la conforman son estadistas, exdiplomáticos e investigadores de diferentes países.
En el informe: “El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica” (publicado en el sitio www.crisisgroup.org) se analiza el surgimiento de las pandillas en el Triángulo Norte y cómo la violencia que ejercen estos grupos puede representar una amenaza para la seguridad internacional.
También señala que la situación podría agudizarse con las deportaciones de pandilleros que ha anunciado el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Para elaborar el documento, la organización dice haber entrevistado a funcionarios y “expertos” de El Salvador, Guatemala y Honduras, entre ellos agentes de seguridad, fiscales, donantes, académicos, activistas y representantes de comunidades de San Salvador, Guatemala, Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El ICG señala que las pandillas dejaron de ser grupos juveniles que, en la década de los 80, cometían acciones vandálicas en los barrios y evolucionaron hasta convertirse en estructuras organizadas que “coaccionan, amenazan y asesinan para generar insignificantes salarios para sus miembros en pleno siglo XXI”.
“Las maras no son las típicas organizaciones delictivas con fines de lucro, sino el producto de la deportación masiva, tensiones sociales, la desintegración familiar y la debilidad institucional en países que no logran distribuir entre sus ciudadanos adecuadamente la riqueza que producen”, señala el ICG.
Las actividades ilícitas cometidas por estos grupos delictivos, que han situado a la región entre las sociedades más violentas, al registrar las cifras más altas de homicidios en el mundo, es otro aspecto al que hace referencia el informe.
En él se destaca que las tasas de muertes violentas en El Salvador han superado a todos los países afectados por conflictos armados (excepto Siria), al registrar una tasa de homicidios de 103 por cada 100 mil habitantes, en 2015, y de 81 en 2016.
A las maras también les atribuyen centenares de desplazamientos forzados y extorsiones, que se han convertido en el talón de Aquiles de los empresarios de estos países y sus ciudadanos.A juicio de los especialistas, los “supuestos” vínculos entre las maras con organizaciones que trafican drogas, armas y personas en la región han provocado el temor de que estos grupos representen una amenaza para la seguridad internacional.
Sobre las estrategias de los gobiernos para combatir a las maras, el organismo considera que las políticas represivas y militarizadas contra estos grupos “han demostrado ser no solo ineficaces, sino también contraproducentes”.
“Establecer formas de atenuar la extrema violencia y minimizar los daños provocados por la actividad de las maras, y a la vez reconocer que estas dan sentido, identidad y sustento a miles de jóvenes centroamericanos pobres, es esencial”, dice el ICG.
“Se ha logrado consenso con las medidas extraordinarias” El Grupo Internacional de Crisis ha hecho algunas recomendaciones a los gobiernos del Triángulo Norte para que puedan reducir los efectos de la violencia de las maras y restaurar el Estado de derecho; esto pasa por dar un giro a las políticas actuales.
En el caso de El Salvador, una de ellas es participar con transparencia en medidas de fomento de la confianza con las maras, sin que necesariamente se entable un diálogo directo con ellas.
El documento hace referencia a la tregua que hicieron las maras (a cambio de privilegios). Los mediadores de la tregua fueron el capellán militar, monseñor Fabio Colindres, y el exdiputado y excomandante de la guerrilla Raúl Mijango.
El informe cita que el actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, participó en el proceso, estando al frente del ministerio de Seguridad, ya que “decidió emprender el diálogo después de que los enjuiciamientos y las duras medidas de seguridad demostraran ser ineficaces”.
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Aunque por unos meses hubo una disminución los homicidios, el estudio destaca que “el hecho de que el gobierno no reconociera su participación y el secretismo del proceso fueron dos de los principales motivos del colapso final de la tregua”.Por participar en el proceso, en mayo de 2016, Mijango fue capturado junto con otras 20 personas, entre ellas funcionarios de la Policía y de Centros Penales.
Al respecto, el organismo aconseja al país librar de cargos a todos los facilitadores de la tregua acusados de asociación ilegal, como una medida de fomento de la confianza.
Otra sugerencia del organismo es que se revierta la decisión de renovar las “medidas extraordinarias” contra las pandillas. Estas consisten en hacer traslado de reos, decretar régimen especial de internamiento, suspender visitas en el sistema penitenciario, habilitar centros temporales de reclusión en diferentes lugares y suspender el traslados de reclusos a audiencias judiciales.
Las medidas empezaron a ser ejecutadas en siete cárceles en abril de 2016 y tendrían un año de vigencia. Sin embargo, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga hasta 2018.
Esto luego de que el Gabinete de Seguridad presentara cifras que demostraban que desde que empezaron a ejecutarse las medidas han bajado los homicidios en un 65% en el país, así como de otros delitos.
Ramírez Landaverde está convencido de que al lograr que los diputados avalaran de forma “unánime” la extensión de las medidas demuestra que “hay un amplio consenso social y político de cómo debemos enfrentar este problema de una forma integral, con la ley en la mano”.