Una de las recomendaciones que el Grupo Internacional de Crisis (ICG) le ha hecho a las autoridades es que se libere de cargos penales a los facilitadores de la tregua entre las pandillas, “como una medida de fomento de la confianza”.
Los mediadores del pacto que hicieron las maras, a cambio de recibir beneficios del gobierno, fueron Raúl Mijango, exdiputado y excomandante de la guerrilla, y el obispo castrense, monseñor Fabio Colindres.
Durante la tregua, entre 2012 y 2014, las maras elaboraron 30 comunicados, según cita el informe del ICG, en los que aseguraban que sus integrantes no buscaban ser sobreseídos de los cargos en su contra, sino que pedían “ser tratadas con humanidad” y buscaban apoyo para integrarse a la vida civil mediante empleos y oportunidades de estudios.
Mijango y Colindres, a quienes se les permitía el ingreso a las cárceles, se encargaban de hacer públicos los mensajes de los pandilleros.
En repetidas ocasiones, cuando la tregua estaba por fracturase, el exdiputado se mostró como férreo defensor del proceso y acusaba a las autoridades de no generar las condiciones para que este se mantuviera.
Además, se atribuía la capacidad de incidir en que los pandilleros dejaran de cometer homicidios. En reiteradas ocasiones, el entonces fiscal general, Luis Martínez, lo acusó de manipulador y de supuestamente haber cometido extorsiones durante la tregua. Pese a ello, no inició una investigación contra él.
Fue hasta mayo de 2016, cuando Mijango fue aprehendido por las autoridades por tráfico de objetos prohibidos y agrupaciones ilícitas, delitos que habría cometido en el marco de la tregua.
Junto con él fueron arrestadas otras personas, un comisionado dede la Policía, un inspector y un subinpector.
También un miembro de la Fuerza Armada, los exdirectores de los penales Izalco, Ciudad Barrios y San Francisco Gotera, así como psicólogos y empleados del concejo criminológico de Centros Penales.