Para los salvadoreños el trabajo que hace la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la corrupción no pasa desapercibido.
Tampoco son indiferentes al debate que se ha mantenido desde el año pasado alrededor de si es necesaria o no una comisión internacional que apoye esa labor.
En la última encuesta realizada por Predictvia-El Diario de Hoy entre 4,290 personas vía Facebook entre el 1 y el 6 de abril, más de la mitad de los entrevistados apoya la labor de ambas instituciones y opta por el apoyo externo a la FGR.
A la pregunta de si las investigaciones que realizan Probidad y Fiscalía en torno a casos de corrupción de expresidentes y otros funcionarios, un 21 % dice que “son necesarias y se están realizando bien”.
Mientras para un 40 % de los ciudadanos “son necesarias” pero lamentan que “avanzan muy lentamente”.
En los últimos meses las investigaciones en torno a este tema no han venido avanzando al ritmo deseado y de los más de 70 funcionarios y exfuncionarios bajo investigación de Probidad, solo una docena de ellos ha pasado a tribunales bajo la presunción de enriquecimiento ilícito desde el año pasado a la fecha.Estos funcionarios no han logrado desvanecer irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y probar el origen lícito de todos sus ingresos. Entre ellos figuran Mauricio Funes, y Antonio Saca.
En el caso de Funes, se le sigue un proceso civil junto a su hijo Diego Roberto Funes Cañas, y Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social, luego de que no lograran justificar $728 mil en sus ingresos patrimoniales.
Funes se fue a Nicaragua mientras enfrentaba este juicio y en momentos en que la Fiscalía le investiga por varios delitos penales y se le han allanado viviendas.
A Saca también se le sigue juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito por más de $3.9 millones, y contra su esposa Ana Ligia Mixco por $589 mil. Además se le ha acusado de otros delitos como desvío de fondos públicos.
Junto al exmandatario, se procesa a tres exmiembros de su gabinete: Élmer Charlaix, César Funes y Julio Rank.
Pero además hay otros altos exfuncionarios que han sido mandados a juicio por presunto enriquecimiento ilícito: el exdirector del ISSS, Leonel Flores (ya condenado) y el diputado Reynaldo López Cardoza, quien salió bien librado pero no su esposa, quien no justificó $78 mil de ingresos.
La lista incluye al exdiputado Douglas Avilés (CD) y su esposa; Luis Martínez, ex fiscal general entre 2012 a 2015, y el expresidente de la CSJ, Agustín García Calderón. El primero enfrenta, en prisión, dos juicios, uno de ellos por presunto enriquecimiento ilícito, mientras a García se le acusa de no desvanecer el origen de $174 mil de ingresos.
En Probidad están pendientes otros casos, aunque ya el jefe de esa oficina ha dicho que están desbordados con la demanda de solicitudes de información y tienen muy poco personal para atenderlas y para investigar lo que declaran los funcionarios.
Ante este esfuerzo, si bien hay un 61 % de ciudadanos que lo aprueban, hay otros que lo ven con indiferencia. La medición de Predictvia arroja que un 28 % considera que le “da igual” si se hacen las investigaciones porque estas “nunca llegan a nada”.
Sí a una Cicies La aprobación a un trabajo contra la corrupción que da la mayoría de la población en esta encuesta no difiere de otro de los resultados que se han obtenido en esta medición, el que una mayoría considera conveniente que se instaure una comisión internacional que apoye este esfuerzo.
Un 53 %, es decir poco más de la mitad de la población consultada, ve como “muy necesaria” la creación de una comisión internacional que apoye a la Fiscalía en la investigación en estos casos.
El dato se torna interesante en medio de un debate sobre la necesidad o no de una comisión de este tipo en el país, tal como la que funciona en Guatemala, la Cicig, con la que se ha logrado destapar casos sonados de corrupción que tiene al expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti tras las rejas mientras son enjuiciados.
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Pero en este pulso ciudadano sobre una Cicies, hay un 26 por ciento de salvadoreños que divide su opinión, ya que considera que hay que valorar en esta propuesta “aspectos positivos y negativos”. Esto significa que la idea no es desechada por completo.La encuesta también permite determinar, por otro lado, que solo un 9 por ciento de la población se opone totalmente a la propuesta, por considerarla “contraproducente”.
De este lado de los que rechazan apoyo internacional para la Fiscalía, está el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, argumentando que nadie debe venir a decir lo que hay que hacer. Por otro lado niega incremento o refuerzo presupuestario a la Fiscalía, que ha insistido en que se le dote de más recursos para combatir la corrupción y otros delitos.
Ante el pedido, el gobierno parece haberle enviado un mensaje en dirección contraria. En el último reparto que hizo de $11.5 millones recaudados vía impuesto para la seguridad solo le asignó a la FGR $250 mil mientras al Ejército y la Policía les dio la mayor tajada, más de $11 millones.
