La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ordenado la inmovilización de bienes y el congelamiento de varias cuentas de Pacific Rim, empresa minera que le debe a El Salvador $8 millones en concepto de costas procesales tras perder un litigio en un tribunal internacional.
Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), los inmuebles inmovilizados son nueve, ubicados en San Isidro, Cabañas, lugar de la explotación minera que desarrollaba Pacific Rim hasta que fue prohibido realizar ese tipo actividad por mandato legal.
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Los vehículos inmovilizados son 7, entre ellos una camioneta Four Runner 2006, un pick up Ford Ranger 2006, un Toyota Corolla 2006 y un pick Up Hi Lux 2005.Además solicitaron un embargo preventivo de siete cuentas en dos diferentes bancos nacionales que en su momento fueron abiertas por Pacific Rim El Salvador, S.A de C.V., y que ahora pertenecen a Minerales Torogoz, S.A de C.V.
En una cuenta bancaria se han inmovilizado $198,904.
La resolución de la CSJ, fue dada el 4 de abril de 2017 y fue notificada a la Fiscalía el día 6 de abril de 2017.
La Fiscalía ha estado demandando que Pacific Rim cumpla con la resolución a un arbitraje internacional dirimido ante el CIADI en Washington y ganado por abogados contratados por el Estado de El Salvador.
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Ese Tribunal resolvió: "Que, en cuanto a los Costos Legales incurridos en el arbitraje, ordena a la Demandante (Pacific Rim) pagar a la Demandada (el Estado de El Salvador) la suma total de 8 millones de dolares de los Estados Unidos de América; y que desestima el reclamo de la Demandante por los Costos Legales contra la Demandada…”El pasado 30 de marzo, la Asamblea Legislativa avaló con 69 de 84 votos de diputados, la ley que prohíbe la minería en El Salvador.
Dicha ley prohíbe la minería metálica desde actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, sea a cielo abierto o subterráneo; asimismo el uso de químicos tóxicos, como cianuro y mercurio, en cualquier proceso de minería metálica.
El anteproyeto de ley fue impulsado por la Iglesia Católica, organizaciones civiles y la UCA, quienes reunieron más de 30,000 firmas en contra de este tipo de negocio por ser atentatorio del medio ambiente.