El presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jorge Quezada, ha sido demandado por un club privado de natación por haberlos desalojado de las instalaciones del estadio Jorge “Mágico” González e impedirles que siguieran impartiendo clases en las piscinas del recinto deportivo.
La vista pública o juicio se realizará el próximo martes, ya que la jueza segundo de instrucción, Edelmira Violeta Flores, aceptó las pruebas contra Quezada por violaciones y arbitrariedad contra el Club de Natación “Pez Sierra”, representado por su propietario, Marvin Sierra.
Este periódico contactó ayer a Quezada para tener su versión sobre este proceso judicial, pero no respondió las llamadas realizadas a su teléfono celular. Sin embargo, se retoman los argumentos que dio en su momento cuando surgió la polémica.
Según la resolución judicial de la cual tiene copia El Diario de Hoy, el origen del caso data de mayo de 2015 cuando el INDES decidió suspender el alquiler de carriles de las piscinas del inmueble a las 12 escuelas privadas que ahí operaban.
En el acuerdo 093-13-2015 registrado en el acta 13/2015 del Consejo Directivo de la entidad estatal, en el recinto se implementaría “una propuesta” para que la institución manejara de forma directa la administración y el uso de los espacios.
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Pero Sierra alegó que el INDES no notificó la medida acordada y a finales de mayo 2015 sustrajo los bienes del club y los decomisó por más de un año, algo que según el artículo 319 del Código Penal se convierte en un ejercicio violento de derecho.
“A nosotros el INDES no nos avisó y cuando llegamos de un día a otro vimos que se nos había decomisado todo el equipo de gimnasio, artículos de natación, mobiliario y otras propiedades y bienes que estaban dentro de nuestras oficinas; esa fue una clara arbitrariedad de la administración contra el Club”, explicó Sierra a este periódico.
Fue por esto que el también instructor de natación presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) por considerar que el procedimiento efectuado por las autoridades y el personal del INDES fue arbitrario y perjudicó al Club. Así fue que se judicializó el caso, el cual hasta el 17 de marzo estaba en la etapa de instrucción.
Sierra agregó que se esperó más de un año para que el INDES entregara los equipos y propiedades retenidas y que el Club dejó de funcionar por un año, hasta que lograron un acuerdo con una entidad privada para que les arrendara su piscina.
“Nunca conocimos las razones por las que se dieron estos hechos; lo que nosotros como clubes vimos es que detrás de la decisión del INDES y de Quezada prevalecía el interés económico sobre el tema social”, agregó Sierra.
La defensa del INDES
La resolución del juzgado segundo de instrucción sobre el caso plantea que, según los abogados de Quezada, nunca existió un contrato formal de arrendamiento con el Club y que la disposición del Consejo Directivo del INDES también iba encaminada a abrir las piscinas a centros escolares públicos. También dice que a Sierra se le avisó en múltiples ocasiones que debía desalojar, pero que no atendió a las solicitudes.
El demandante confirma que desde 1998, cuando la administración del INDES recaía sobre Enrique Molins, se enviaban cartas mensuales para tener autorización de usar los carriles de la piscina del estadio y que en los últimos años se pagaba una cuota mensual de $1,800, en concepto de arrendamiento.
Según un informe de la gerencia financiera del ente deportivo, disponible en su portal de transparencia, entre junio de 2009 y junio de 2015, el ingreso del INDES por el alquiler de los carriles de las piscinas (del “Mágico” González y del complejo “El Polvorín”) fue de $392,133.72.
El monto cambió a mediados de 2013, luego de que se aprobara una modificación tarifaria por el alquiler de carriles. Por ello, hasta mayo de 2015, los clubes pagaban $39 por hora de lunes a viernes y $10 el fin de semana. Bajo estos precios, solo en 2014, el INDES recibió $100,299, dice el informe.
Por otra parte Sierra cuestionó que, luego de que les quitaran el uso de los carriles de las piscinas, se los asignaron a dos personas, que él aseguró que son allegadas a Quezada y que trabajan en la Federación Salvadoreña de Natación.
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“Eso demostró en 2015 que la medida tenía otras intenciones y otros intereses, pero hoy esperamos ganar el caso y que el presidente Quezada responda por el daño civil que ha realizado a nuestra asociación”, razonó Sierra.Pero el presidente del INDES dijo en junio de 2015, según un portal gubernamental, que se descubrieron irregularidades en escenarios deportivos, entre ellos las piscinas del “Mágico” González y que implementarían “un modelo inclusivo” para que escuelas públicas y otros sectores tuvieran acceso.
“No estamos desapareciendo los clubes, pero vamos a tener un tiempo prudencial para ordenar y cambiar el sistema de cobros, así como el sistema de enseñanza. La idea es que se tenga personal para atender a toda la población que quiera acceder a los escenarios deportivos”, dijo Quezada en aquel momento.
Quezada agregó en ese entonces que se suspendió el alquiler de las escuelas como Club “Pez Sierra” por incumplimientos en los pagos, algo que según Sierra es falso.
“En nuestro caso nunca caímos en mora, siempre pagamos nuestras cuotas al día, el problema que siempre hubo es que nunca se formalizó una relación contractual con el INDES, algo que también se le propuso a anteriores administraciones”, afirmó.
Según el gobierno, el INDES gasta $333 mil al año en mantenimiento de piscinas, pero Quezada dijo que no ingresa ni el 50% de esos costos. Y en la página web del INDES se promociona el programa “Natación para todos”, con el que pretende dar acceso a estudiantes, adultos y atletas.