La Unidad de Prensa de la Fiscalía General informó que le extinción de dominio de 50 bienes vinculados a José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, concluyó el sábado pasado.
Estos pasaron a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) y luego podrán ser entregados a diferentes instituciones del Estado.
De acuerdo a las investigaciones, la organización encabezada por Chepe Diablo utilizó al menos 27 sociedades para lavar $215 millones.
Algunas de ellas, según manifestó la semana pasada el Fiscal General, Douglas Meléndez, nunca funcionaron, solo sirvieron como fachadas para blanquear dinero.
Un ejemplo, detalla el requerimiento fiscal, es Desarrollos Montecristo, calificada como sociedad de papel y de la cual es accionista el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, junto a “Chepe Diablo”.
Esta, se supone, tenía como función legitimar capital de origen ilícito. En los procedimiento de los últimos días, las autoridades también incautaron al menos 10 casas y terrenos del imputado y su familia. Un inmueble es una mansión ubicada en el lago de Coatepeque, en Santa Ana (foto abajo).
Mientras que otros de los bienes extinguidos estaban localizados en Santa Tecla, San Salvador, Metapán, en Santa Ana; y Lourdes, Colón, La Libertad.
El CONAB ha entregado al Estado diferentes bienes incautados a condenados o presuntos delincuentes que enfrenta un proceso judicial.
En marzo pasado, la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Defensa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibieron del CONAB 63 automotores decomisados a pandilleros en la operación Jaque, como buses, microbuses, pick ups y crimen. Allanamientos
El martes de la semana pasada, la Policía y la Fiscalía allanaron inmuebles relacionados a los imputados, en el marco de la conclusión de una investigación que comenzó en 2013.
Las pesquisas abarcaron 12 años, desde el 2003 hasta el 2015, y tuvieron como origen la evasión de fisco de “Chepe Diablo” y otros imputados.
Para entonces, manifestó el sábado pasado un fiscal del Grupo Contra la Corrupción, en la audiencia inicial, se había ordenado hacer un peritaje contable que se adjuntaría a la investigación, pero no fue posible realizarla porque la Fiscalía, cuyo titular era Luis Martínez, lo obstaculizó.
Los argumentos expuestos al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador fueron que los puntos de pericias todavía no estaban definidos, cuando de acuerdo con el fiscal, sí lo estaban, y que no existía un espacio físico que permitiera realizar el análisis.
Un día después de los procedimientos, el jefe de la Unidad de Extinción de Dominio, Alexis Ayala, señaló que una vez fuese determinada la razón del incremento patrimonial de los imputados, se procedería a extinguir sus bienes.
“La medida cautelar tiene por objeto suspender el poder que se ejerce sobre un bien determinado durante dura el proceso. La finalidad es ejercer la acción en contra de estos bienes y una vez determinada la existencia que en este caso es incremento patrimonial no justificado vinculado a lavado, se procederá a solicitar que bienes pasen al poder del Estado”, dijo Ayala.