La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició ayer un proceso contra el Presupuesto General de la Nación 2017 con base en dos demandas que alegan que se aprobó desfinanciado y por haber incluido Letras del Tesoro (Letes) que se votaron con mayoría simple, cuando requeriría mayoría calificada.
Sobre la primera demanda, presentada por el abogado Enrique Anaya, la Sala considera que hay una presunta violación al equilibrio presupuestario, establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República, lo cual hace referencia a la oblicación del Órgano Ejecutivo de incluir todas las partidas de ingresos y gastos.
En el caso de la segunda solicitud, presentada por Daniel Eduardo Olmedo, las Letes, consideradas como mecanismo de deuda flotante, debían ser aprobadas con los votos de dos tercios de los diputados, según estipula la Constitución.
“El incumplimiento de las reglas de disciplina presupuestaria es susceptible de calificarse como desequilibrio presupuestario intencional o deliberado que se manifiesta en el diseño y proceso de ejecución del presupuesto”, explica la Sala, a través de un comunicado.
Según la demanda presentada por Anaya ante la Sala, se omitió prever “todos los gastos para afrontar el ejercicio fiscal 2017”pues no se incorporaron $430 millones.
“La falta de recursos para cubrir distintos rubros alcanza el 8.8% del presupuesto, situación que no solo incide en relación a las partidas o asignaciones presupuestarias específicas sino que afecta a todo el presupuesto estatal”, plantea la Sala.
El presupuesto 2017, que se aprobó en enero pasado, no cubría la totalidad del escalafón salarial del sector salud, el pago de las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) y tampoco el abono de los intereses por el dinero que el gobierno toma prestado de los cotizantes para pagar las pensiones, entre otros rubros.
En el caso del escalafón, solo beneficia a quienes ganan hasta $2,000 mensuales, mientras que para pagar las pensiones del sistema público eran necesarios $230 millones y $52 millones para el Ipsfa, pero en ambos casos solo se creó una partida con una asignación de $1,000 con el compromiso de buscar fuentes de financiamiento después.
Para el pago de los compromisos generados por la ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) en abril se tenía que hacer ayer un abono de $57 millones para la amortización de capital y los intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), una transacción financiera que no se realizó y que tiene al país en una situación de impago.
Además, se debía pagar $13 millones para garantizar que el Ipsfa tuviera dinero para cancelar las pensiones de los militares en los próximos tres meses.
El exministro de Hacienda, Manuel Hinds, considera que las pensiones se pueden pagar con otros mecanismos de financiamiento como la recaudación de IVA y renta, medidas que están en manos del Ejecutivo.
Al admitir la demanda, la Sala no emitió una medida cautelar, por lo que el presupuesto 2017 sigue vigente para “no implicar la afectación de un interés público relevante”, argumenta el Tribunal Constitucional.
El principal partido de oposición, ARENA, señaló en varios momentos que en el el caso del presupuesto 2017 se violentó el proceso de formación de ley, debido a que el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado de GANA Guillermo Gallegos, primero sometió a votación el decreto y después abrió el debate, algo que incluso va en contra del reglamento del Congreso.
Además, para el partido tricolor no existe ninguna potestad legal que faculte a la Asamblea ni al Órgano Ejecutivo para dar dinero del presupuesto a organizaciones no gubernamentales (ONG) cuando hay otras áreas que urgen de fondos, como el caso de las pensiones.
Contraste de reacciones
La admisión de la demanda por parte de la Sala ha puesto en evidencia que las dos principales fuerzas políticas del país, ARENA y FMLN, mantienen importantes diferencias sobre este tema.
Norma Guevara, jefa de fracción del partido oficial, criticó la decisión de los magistrados de la Sala y dijo que detrás de ella “hay un manejo politiquero del tema para afectar al Estado”.
“El presupuesto no es para uno, el presuspuesto es para todas las instancias de Estado incluyendo a la Corte Suprema de Justicia. El manejo de ARENA es politiquero, el de ellos debe ser apegada la Constitución y eso esperamos”, dijo la diputada.
Por su parte, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, respaldó la decisión de la Sala y dijo que ésta demostraba la necesidad de tener un equilibrio presupuestario para que no siga en el país el alto nivel de endeudamiento y los problemas fiscales y tributarios.
“La Sala de lo Constitucional ha determinado que con la aprobación del presupuesto en enero se ha violado el equilibrio presupuestario, es decir que los ingresos que se reciben del Estado deben ser compatibles con las erogaciones en concepto de obligaciones estatales para poder cumplir las políticas públicas”, opinó.
Organizaciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) han coincidido en que por más de diez años se han presentrado problemas en la elaboración del presupuesto y que se ha abusado de mecanismos de financiamiento como las Letes.