La Fiscalía General de la República acusó ayer a José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, y a tres mujeres más por presunto lavado de dinero de $215 millones en 12 años.
Según la acusación de la Fiscalía los imputados realizaban compras de bienes por debajo del precio real y múltiples ventas de los mismos a alto precio, además de la adquisición de préstamos bancarios a largo plazo que eran pagados -casi en todos los casos- en un par de meses o en un año.
“Es decir, no necesitaban los mismos (préstamos) porque mantenían liquidez, lo que queda evidenciado cuando ellos pagan de manera anticipada cada uno de los préstamos”, detalló el representante fiscal.
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La diligencia fue realizada en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, presidido por la jueza Nelly Pozas, quien conoció el caso del expresidente Elías Antonio Saca y seis personas más procesados por delitos de corrupción, y quien resolvió enviarlos a prisión preventiva.Ayer, uno de los fiscales de la Unidad de Investigación Financiera explicó que se indagó a los imputados desde 2003 hasta 2015, y diferentes hechos apuntan que no han justificado ingresos que posiblemente provienen del blanqueo de capitales.
En el caso del alcalde de Metapán, Juan Umaña, vinculado a “Chepe Diablo” y prófugo en el proceso, la Fiscalía señaló que a pesar que su capacidad adquisitiva no se lo permitía, realizó un préstamo de 1 millón 4 mil dólares para comprar un inmueble de $23 mil.
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El préstamo fue concedido para dos años sin ningún interés, pero Umaña dejó de pagarlo y a los cinco años lo canceló.Para legitimar el capital, de acuerdo con la Fiscalía, el mecanismo que utilizaba la organización encabezada por “Chepe Diablo” era la creación de un conjunto de sociedades por grupos, con las cuales se sobrevaloraban ingresos que no eran coherentes con la información tributaria de estas.
De esa forma habría operado Agroindustrias Gumarsal, que según Fiscalía, tenía relación con 23 sociedades; y Hoteles Salvadoreños, de la cual Chepe Diablo es accionista, y que estaba vinculada a seis sociedades más.
A través de estas acciones se ha detectado que por cada producto que los nueve imputados relacionados con la organización declaraban al Ministerio de Hacienda existía un monto diferenciado, cuyo origen es justificado en el sistema financiero.
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Indicios de narcotráficoLa Fiscalía tiene indicios que el supuesto lavado del que se le acusa a “Chepe Diablo” podría derivarse del narcotráfico, a partir de la designación hecha por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que hasta ayer lo tenía en la lista de narcotraficantes, pero consideró que no había información suficiente para fundamentar tal atribución (ver nota aparte).
Asimismo, la evasión de impuestos se convierte en parámetro para considerar blanqueo de dinero, según la Ley Contra Lavado de Dinero y Activos, dijo ayer la Fiscalía.
En 2014, “Chepe Diablo” fue procesado por no declarar impuestos al Ministerio de Hacienda por un monto que ascendió a $800 mil. Por ese mismo delito, un año después, el edil de Metapán, y su hijo, Wilfredo Umaña, también vinculado al lavado de dinero, fueron procesados por evadir más de $2 millones como parte de Industrias Gumarsal. Los dos son prófugos.
De acuerdo con la Fiscalía, todavía está en investigación las anomalías detectadas en la sociedad Desarrollos Montecristo, en la que el vicepresidente Óscar Ortiz es socio de “Chepe Diablo”.
Montecristo, según registros, en 2015 no declaró a Hacienda, mientras que entre 2000 y 2012 no tenía recursos para comprar bienes, pero lo hizo, y no elaboró los estados financieros que la ley le obliga para inscribirlo en el departamento de balance donde se muestran los activos. El Ministerio Público investiga si la organización hizo donaciones a partidos políticos.
La audiencia inicial será hoy. A ella comparecerán “Chepe Diablo”; su exesposa, Sara Paz Martínez Bojórquez; su hija, Susana Noemí Salazar de Cruz, y Romelia Guerra Argueta, exesposa del alcalde de Metapán, mientras que cinco personas están prófugas.