La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este viernes, por unanimidad, las demandas de Enrique Anaya y Daniel Olmedo contra el Presupuesto 2017 (por haberse aprobado desfinanciado) y contra la emisión de letras del tesoro (LETES) 2017, por haberse aprobado con mayoría simple, cuando requeriría mayoría calificada.
Al admitir la demanda, se debe revisar todo el presupuesto por el desfinanciamiento, pues para algunos rubros donde previsiblemente se gastarán millones, se le ha dejado solo $ 1,000.
Sala admite demandas de inconstitucionalidad contra Ley de Presupuesto https://t.co/pyv6XV7PA0
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) April 7, 2017
Se admite demanda contra Ley de Presupuesto por vulneración al art. 148 Cn. (quórum para emisión de deuda) https://t.co/kogY6GVbs7
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Se admite demanda contra Ley de Presupuesto por vulneración al art. 226 Cn. (equilibrio presupuestario) https://t.co/Ojot6P3Kkg
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) April 7, 2017
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Las dos demandas admitidasSegún el comunicado de la Sala, en la primera demanda, el ciudadano Daniel Eduardo Olmedo Sánchez manifiesta que la deuda flotante a la que alude el artículo 5 de la ley constituye un empréstito voluntario, por lo que debe concurrir el quórum mínimo de aprobación establecido en el artículo 148 inciso 2° de la Constitución, exigencia que no se habría verificado en la creación de la Ley de Presupuesto 2016 —texto reproducido en el artículo 5 de la Ley de Presupuesto 2017—, por no haberse aprobado con los votos de los dos tercios de los diputados electos.
La segunda, presentada por el abogado constitucionalista Enrique Anaya a mediados de marzo, señala que en el Presupuesto General de la Nación se ha omitido prever “todos los gastos que deberá afrontar el Estado en el año 2017” pues no se han incorporado “cuatrocientos treinta millones de dólares”. De este modo, la falta de recursos para cubrir distintos rubros alcanza el “8.8%” del presupuesto, situación que “no incide únicamente en relación a las partidas o asignaciones presupuestarias específicas , sino que afecta a todo el presupuesto estatal”.
La Sala consideró que ambas demandas cumplieron con los requisitos para ser admitidas contra la Ley de Presupuesto 2017.
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La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indicó en 2016 que el presupuesto de este año tiene un faltante de más de $800 millones, entre ellos un pago de más de $221 millones para el pago de intereses y capital que debe entregar a los cotizantes de las AFP a quienes les presta dinero para pagar pensiones del ISSS e INPEP.Continúa leyendo: Siete “errores” del Presupuesto General de la Nación 2017