Los nueve integrantes de la familia Salazar Umaña presuntamente utilizaron no menos de siete métodos para poder lavar más de 200 millones de dólares, explicó el director de la Policía, Howard Cotto.
El funcionario aseguró que una de las formas usadas por los acusados para blanquear el dinero fue por medio de múltiples transacciones financieras que hicieron las empresas ligadas a esa familia, así como la apertura y el cierre de cuentas bancarias en tiempos cortos, que fueron dejadas con saldo cero.
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Otras de las formas detectadas en las investigaciones fue el traslado de fondos a cuentas personales y no a las empresas que parecen ligadas a la mayoría de los acusados.Préstamos no justificados pagados de forma anticipada, algunos casi de manera inmediata y la creación de empresas fachadas que nunca funcionaron, también fueron métodos que habrían usado los acusados para lavar el dinero, el cual no se podría descartar que provenía del narcotráfico internacional, según las autoridades policiales.
“La compra y venta de bienes inmuebles para perder el rastro del dinero, y el uso de testaferros, principalmente familiares y por esa razón se han detenido algunos de sus parientes”, dijo Cotto al señalar otras de las formas del lavado.
Tres empresas serían confiscadasLa empresa Gumarsal, que se dedica a la distribución de granos básicos es una de las tres sociedades mercantiles que serán sometidas a un proceso de confiscación para que puedan pasar a manos del Estado, pero bajo la Ley de Extinción de Dominio.
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Las otras sociedades mercantiles que serán sometidas a un proceso similar en un juzgado especializado son Hoteles Salvadoreños (Hotesa) y molinos San Juan.Como dato adicional que han revelado las investigaciones, el jefe de la Policía aseguró que la empresa Gumarsal que está ligada a la familia de Salazar Umaña, realizó más de 350,000 operaciones financieras en las que se habrían movido unos 1,000 millones de dólares en los últimos 12 años.
A las otras 25 empresas ligadas a la familia Salazar Umaña, intervenidas por la Fiscalía, solo le impondrán restricciones legales para que no sean traspasadas ni vendidas a terceras personas.
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Esas restricciones legales ya han sido notificadas al Registro de la Propiedad para que esa institución tome las disposiciones correspondientes, explicó Cotto.Fiscalía y Policía han inspeccionado 69 inmuebles relacionados a las nueve personas acusadas de lavado de dinero; 15 de estas propiedades están en Santa Ana, otras 18 en La Libertad, cuatro en Sonsonate, siete en San Salvador, dos en Usulután y una en La Paz.
De la totalidad de inmuebles intervenidos, 43 propiedades se hicieron por lavado de dinero y 26 con intenciones de ser confiscados bajo la Ley de Extinción de Dominio.
Siete hoteles, ocho gasolineras, y 13 residencias ligadas a la misma familia han sido intervenidos por la Policía y la Fiscalía en busca de pruebas.
Aclaró que las empresas intervenidas continuarán operando sin ningún tipo de restricción, pero ahora bajo la supervisión del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), quien se encarga de administrar los bienes e inmuebles que son confiscados al crimen organizado y a personas ligadas a la corrupción.
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También los bienes e inmuebles que se encuentran intervenidos, con fines de confiscación, por la Fiscalía General serán objeto de administración temporal por parte del Conab, mientras se realiza el proceso judicial de extinción de dominio.“Este es el primer caso en el que se opera al mismo tiempo abordando la parte penal que tiene que ver con el delito de lavado de dinero y activos, y a la vez el proceso de extinción de dominio”, dijo Cotto.
Aseguró que aún no se puede establecer si Salazar Umaña servía como enlace de cárteles mexicanos de la droga tal como lo señala periódico Excelsior de México.
“Es una investigación que falta todavía”, dijo Cotto de forma escueta.
El referido periódico mexicano señala que Salazar Umaña arrastra un historial como proveedor de servicios para los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas.
Señala el diario que Adán Salazar construyó a través de un grupo de narcotraficantes que operaba en la zona Occidental del país, una fachada de firmas agropecuarias, turísticas, y de servicios de combustibles para lavar dinero en instancias financieras salvadoreñas. La Fiscalía asegura que lavaron $215 millones.
“Esta investigación que se ha hecho con la Fiscalía, es de grandes proporciones”, Howard Cotto, Director Policía