La sesión del pleno de la Corte Suprema en la que se decidió enviar a juicio al expresidente de la misma, Agustín García Calderón, tropezó con los alegatos del magistrado Leonardo Ramírez Murcia, por cosas como definir montos en dólares o sus dudas de que realmente el exfuncionario hubiera cometido enriquecimiento ilícito.
“Tendría que evaluar si realmente (los ingresos no justificados de García Calderón) son sumas significativas que representen efectivamente un enriquecimiento ilícito”, alegó ante sus colegas.
Lo anterior consta en los audios y la transcripción de los mismos obtenidos por El Diario de Hoy mediante la Ley de Acceso a la Información Pública.
CSJ: García Calderón tomó seguro pagado con fondos públicos
García Calderón debe responder en un tribunal superior de lo civil por ingresos no justificados hasta por 193 mil dólares mientras fungió en el cargo, entre los años 2000 y 2009, según cuantificó la Fiscalía General en la demanda que presentó.Según consta en la documentación en poder de este periódico, en la sesión del 7 de febrero de 2017 el magistrado Ramírez Murcia intervino al menos en tres ocasiones cuestionando el informe de la Sección de Probidad que fue decisivo para que ocho magistrados votaran a favor de enviar a juicio a García Calderón.
No es la primera intervención de ese tipo del funcionario. En la sesión del 2 de febrero de 2016, cuando se envió a juicio al expresidente Mauricio Funes, Ramírez Murcia fue uno de los magistrados que trataron de alargar el debate y, por ende, la decisión de enjuiciarlo, como finalmente ocurrió.
Lea también: Patrimonio cuestionado de expresidente de la Corte asciende a 193 mil dólares
En esa ocasión, Ramírez Murcia abogó por que “se debía dar el derecho de audiencia” al exmandatario para pudiera desvanecer alguno o todos los cuestionamientos de la sección de Probidad.Las intervenciones En la sesión del 7 de febrero pasado, el jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, comenzó a explicar el origen injustificado de $12 mil 288 de García Calderón en sus primeros meses en el cargo, es decir, de junio a diciembre de 2000.
Ramírez Murcia hizo su primera intervención, diciendo que le llamaba la atención que tal cantidad se explicara en dólares cuando para entonces todavía circulaba el colón, pues la dolarización llegó en enero de 2001.
“Me llama la atención que estemos manejando dólares. No sé, si es correcto o sería lo mejor en ese año manejar, porque en aquel momento estábamos hablando de 12 mil dólares, andamos ahí por los cien mil colones más o menos”, dijo.
Ante esto, David de Jesús Bonilla, auditor de Probidad, le aclaró que en la investigación había existido una conversión de colones a dólares.
La siguiente intervención del mismo magistrado fue en el minuto 28 de la sesión en pleno de la CSJ, cuando Pineda terminó de exponer el informe de Probidad.
“Hay varias cuestioncitas que quisiera referirme al informe, tal vez sí, las voy a plantear en seguida y tal dentro de ellos voy a externar alguna posición también”, advirtió el funcionario.
La primera interrogante fue si la cantidad de dinero justificable de García Calderón mientras fue titular de la CSJ era menor de lo que él reflejó como ingresos, tomando en cuenta los fondos que el exfuncionario obtuvo en concepto de gastos, prestaciones u otros fondos aparte de su cargo en el Órgano Judicial.
Ramírez Murcia también manifestó su inconformidad por lo que se consideró como indicios de enriquecimiento ilícito. “Para mí, podría considerarlo si es que las sumas fuesen significativas como lo hemos tenido en ‘algotros’ casos, pero sumas pequeñas no sé qué tanto representen, digo yo tendría que evaluar si realmente son sumas significativas que representen efectivamente un enriquecimiento ilícito”, alegó.
En la misma sesión también fue discutido el pago de póliza de seguros por $25 mil 688 que García Calderón recibió al finalizar su cargo, fondos que no pasaron por el filtro de la CSJ, porque fue solo a través de acuerdos presidenciales del máximo tribunal.
“No sé hasta dónde debo cuestionar el que haya recibido, digo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, es decir, habría que revisar tal vez la póliza”, sostuvo el magistrado.
Minutos después vuelve al tema y justifica que el pago de la póliza tenía base legal porque estaba contemplado en la Ley de la Carrera Judicial.
Al final, Ramírez Murcia fue uno de los siete magistrados que votaron en contra de abrir juicio civil a Agustín García Calderón.
De los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, solo ocho dieron el aval para que el expresidente del máximo tribunal, Agustín García Calderón, fuera enviado a juicio civil y procesado en una instancia superior por no justificar $193 mil de su patrimonio mientras fungió en su cargo (2000-2009).
