Basarse en criterios técnicos y no políticos debe ser la hoja de ruta que marque la elección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que corresponde elegir antes del 15 de julio de 2018, entre ellos cuatro de los cinco que componen la Sala de lo Constitucional y una de la Sala de lo Civil.
Este es uno de los puntos que proponen la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en el documento presentado ayer y denominado “Ideas para el fortalecimiento del modelo actual de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, el cual fue elaborado junto con otras tres organizaciones de la sociedad civil.
Claudia Umaña Araujo, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), una de las organizaciones que participaron en el estudio, aseguró que el proceso de preselección y selección de los 30 aspirantes a los cinco cargo debe tener un criterio técnico de por medio para elegir a los abogados más idóneos y evitar que haya una cuota partidaria.
“Todo eso (proceso de elección), al no poderse evaluar con criterios técnicos, permiten mayor espacio a la arbitrariedad y el manejo del cuoteo partidario”, dijo Umaña.
A juicio de la abogada, se necesita tener “un baremo que permita hacer esa comparación entre el perfil que se aspira tener como magistrado y ya el candidato específico”.
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En ese sentido, a medida que haya más discrecionalidad a la hora de hacer el proceso de elección de los magistrados hay menos criterios técnicos, señaló Umaña Araujo, y agregó que “lo que se busca es que los magistrados puedan impartir justicia constitucional que es uno de los elementos más importantes para la conservación de la república”.El estudio, en el que también participaron la Fundación Nacional para el Desarrollo y Transparencia Internacional (Capítulo El Salvador), además de la Universidad Alberto Masferrer, incluye ocho puntos a modo de propuesta para que la elección de los magistrados garantice la independencia y la idoneidad de los funcionarios a elegir.
Entre los principales criterios a seguir está conocer a fono los perfiles de los aspirantes así como abrir la participación de la sociedad civil al proceso de preselección y realizar entrevistas a los aspirantes con preguntas objetivas.
Por su parte, el presidente de Fusades, Miguel Ángel Simán, también es necesario tomar medidas en dirección a que no haya un atraso en el elección de los magistrados, porque “la democracia del país no puede quedar expuesta ni los ciudadanos quedar expuestos sin que se les defiendan sus derechos constitucionales.
“Siempre estos procesos han sido difíciles y han llevado una serie de discusiones y generalmente dilataciones en ese esfuerzo por nombrar a los magistrados”, sostuvo Simán.
Por su parte, Roberto Rubio, presidente de Funde, consideró que el proceso de elección de la CSJ tiene deficiencias tanto en la selección previa que hacen las asociaciones de abogados como la que hace el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y, finalmente, la Asamblea Legislativa.
“Todos esas reglamentaciones que existen son demasiado porosas para permitir personas que, no solo no son idóneas, sino personas que por su militancia orgánica partidaria no pueden ser jueces”, consideró Rubio.
La experiencia venezolana De acuerdo con los analistas del estudio, los procedimientos para nombrar a casi toda la Sala de lo Constitucional (solo el presidente Óscar Pineda se mantiene) deben garantizar la elección de funcionarios que mantenga una imparcialidad como la que, según consideran, han mantenido hasta la fecha, para evitar que se caiga en experiencias como la de Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió recientemente tres sentencias en las que desconoce a la Asamblea Nacional y donde la coloca en desacato.
Esa misma experiencia, de acuerdo con el presidente de Funde, no está lejos de suceder en el país. Por otra parte, aseguró que la independencia en el poder judicial no agrada a muchos institutos políticos, y prueba de ello han sido los intentos de algunos sectores de desarticular la Sala de lo Constitucional.
“En nuestro país hemos visto las tentaciones autoritarias y cómo las instituciones partidarias reaccionan cuando se ven frente a la independencia de otros poderes. Hemos visto cómo se ha tratado de anular (a la Sala) con el decreto 743. Fue un síntoma de hasta dónde están dispuestos a llegar aquellas personas que se sienten incómodos con la independencia judicial”, manifestó Roberto Rubio.
En este sentido, la analista Ivette Cardona Amaya, quien ayudó a elaborar el estudio presentado ayer, sostuvo que el tema de la no pertenencia partidaria debe ser un tema que debe regularse. Sostuvo que este es “un elemento que aporta a la jurisprudencia constitucional” y que debe ser considerado.
En esa vía, coincidió con el resto de ponentes durante la presentación del documento en que debe desvanecerse “la posibilidad de la elección simplemente por simpatía política y que se elija más que todo por méritos de los candidatos”.