José Adán Salazar Umaña, el primer salvadoreño al que el Gobierno de Estados Unidos incluyó, en 2014, en su lista de capos del narcotráfico, empezó sus negocios en la década de los Ochenta cambiando dólares, colones y quetzales en la frontera con Guatemala.
En 1991, el santaneco de 68 años, conocido como Chepe Diablo, fundó la cadena Hoteles de El Salvador S.A. de C.V., que cuenta con siete negocios en Santa Ana, San Salvador, Sonsonate, La Paz, La Libertad y Usulután.
Seis años después, se hizo socio de Agroindustrias Gumarsal, la cual se dedica a la comercialización de granos básicos en Centroamérica y en el país.
El presidente de Gumarsal es Wilfredo Guerra Umaña, hijo de Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán, que lleva cuatro periodos en el cargo y quien antes también fue accionista de ese negocio. “Chepe Diablo” también fue presidente del club Isidro Metapán, entre 2007 y 2011, antes de asumir como mandamás de la Liga Mayor de Fútbol.
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En su mandato, el cuadro calero se consagró como el equipo revelación de la década, ya que consiguió seis de los diez títulos que tiene en la actualidad: el Clausura 2007, Apertura 2008, Clausura 2009, Clausura 2010, Apertura 2010 y Apertura 2011 de acuerdo a diferentes publicaciones de esa época.Salazar Umaña también es socio de Óscar Ortiz, el vicepresidente de la República, en la empresa Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., según una publicación hecha en 2015 por el periódico digital El Faro.
Esta empresa, según reveló ese medio digital, se ha dedicado a comprar y vender terrenos para desarrollo urbanístico en la isla Montecristo, en la bahía de Jiquilisco, departamento de Usulután.
Problemas con la ley
En abril de 2014, la Fiscalía General de la República informó que estaba investigando por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal a Salazar Umaña, Umaña Samayoa y Guerra Umaña.
En esa ocasión, las autoridades fiscales señalaron que los tres investigados presuntamente eran cabecillas del denominado “Cártel de Texis”, una organización dedicada al narcotráfico y robo de vehículos que, se supone opera en el Occidente de El Salvador desde hace varios años.
En busca de evidencias, esa vez, fueron allanadas las residencias, hoteles, gasolineras y despachos contables relacionados con los empresarios antes mencionados.
El entonces fiscal general de la República, Luis Martínez, explicó que las investigaciones contra ellos iniciaron con la obtención de información que revelaba una posible evasión fiscal.
Un incremento patrimonial no justificado de Chepe Diablo y sus socios fue otro aspecto que llevó al Ministerio Público a investigar el posible delito de lavado de dinero en el país.
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Un mes después, el 30 de mayo de 2014, el Gobierno de Estados Unidos calificó a Salazar Umaña como “cabecilla del narcotráfico”, para lo cual tuvo que ampararse en la ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).
En un informe enviado por el presidente Barack Obama al Congreso estadounidense, pidió sanciones económicas contra los bienes de José Adán Salazar Umaña bajo la referida Ley.
Esta entró en vigor en 1999 y le sirve a las autoridades de ese país para poder congelar los bienes y activos que tengan los narcos extranjeros en EE.UU.
Salazar Umaña pasó a ser una persona sobre quien las autoridades estadounidenses tienen en la mira por sus actividades ilícitas.
En su momento, el abogado de Chepe Diablo, Salvador García Dheming, aseguró que su cliente no se vería afectado con la decisión de Estados Unidos, pues todos sus bienes los tenía en El Salvador y no en la nación norteamericana.
Pese a esos antecedentes, en 2015, el exfiscal general, Martínez, dejó de lado la investigación.
En 2016, el fiscal Meléndez, giró instrucciones para reabrir el caso, a raíz de eso ayer fueron realizados decenas de allanamientos y fue aprehendido Salazar Umaña.