Desde el pasado 24 de marzo, las Fiscalía está dirigiendo un operativo en el penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, para dar con dinero, armas y otros objetos ilícitos que los reclusos tienen ocultos, lo que ha puesto en duda las medidas extraordinarias del Gobierno en las cárceles.
Por ahora, los esfuerzos de fiscales, policías y empleados de Penales estarían centrados en la búsqueda de un fusil y más de una decena de granadas que estarían escondidas en el presidio, según información de inteligencia.
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En la requisa, la cual podría culminar el viernes, habían sido descubiertos, hasta la tarde del lunes, 18,337 dólares, cinco armas de fuego (entre ellas una que pertenecía a la Policía) y 151 celulares.También habían decomisado centenares de chips para teléfono, cargadores solares, droga, corvos artesanales, computadoras, una tablet y otros objetos prohibidos.
El centro penal de Ciudad Barrios alberga a más de dos mil reclusos, la mayoría de ellos miembros de la mara Salvatrucha.
Esta es una de las cárceles en las que, desde marzo de 2016, las autoridades están aplicando las medidas extraordinarias para reducir los niveles de violencia e inseguridad.El viernes 24 de marzo, dos internos de ese reclusorio resultaron lesionados al estallar una granada de fabricación holandesa que estaba escondida en sector 1.
Para llevar a cabo los registros, la dirección de Centros Penales también señaló que ha suspendido las licencias y permisos del personal, pues se ha movilizado recurso humano para la remoción y extracción de escombros, así como el desmantelamiento de paredes, pisos y techos para realizar una revisión por cada metro cuadrado del presidio.
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Tras el estallido de la granada y el resultado de la requisa, la dirección de Centros Penales informó que relevó de sus funciones director del reclusorio, Carlos Francisco Orellana, y reubicó a 46 custodios.Sin embargo, en las redes sociales, muchos cibernautas opinan que debe ser destituido el titular de la institución, Rodil Hernández.
En 2015, el entonces fiscal general, Luis Martínez, pidió la destitución de Hernández por su “evidente incapacidad y negligencia”. Además, aseguró que ordenaría una investigación contra él.
Los señalamientos contra el funcionario fueron tras el hallazgo de armas en el penal de Ciudad Barrios y otros objetos prohibidos en otras cárceles.