Lo que para unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es legal, para otros no lo es. Al menos eso se desprende de uno de los últimos debates de Corte Plena para mandar a juicio por supuesto enriquecimiento ilícito al expresidente del máximo tribunal de justicia, Agustín García Calderón.
El 7 de febrero pasado, el pleno de la CSJ discutió el informe de Probidad del exmagistrado presidente Agustín García Calderón.
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El desglose de ingresos y gastos que el extitular de la CSJ no pudo justificar junto a su esposa, Gloria Natividad de García, corresponden al período de julio de 2000 hasta junio de 2009.De acuerdo a las transcripciones y audios de esa sesión de Corte Plena en poder de El Diario de Hoy, una parte del debate de los magistrados se centró en la legalidad de un depósito de $25 mil 688 que el exfuncionario recibió de un depósito del exterior.
Ese depósito fue tomado como patrimonio injustificado. El jefe de Probidad Carlos Pineda explicó en esa ocasión que era en concepto de rescate de póliza de seguro dotal que no pasó por el filtro institucional, sino que llegó directamente a manos de García Calderón.
Para ello, según Pineda, se corroboró en cinco acuerdos emitidos en 2007 que autorizaban las erogaciones para el pago de las primas del seguro.
Asimismo, por medio de copias de acuerdos presidenciales de la CSJ emitidos desde el 2000 hasta el 2008 que indican que García Calderón recibió $25 mil 688 por primas de la póliza de seguro hicieron deducir a Probidad que este monto correspondía a la devolución del cien por ciento de las primas pagado con fondos públicos.
Los fondos cuestionados fueron depositados en la misma cuenta en la cual García Calderón recibió la bonificación por $28 mil 283 consistente en retiro voluntario, con lo cual habría violado la Ley de la Carrera Judicial, según señaló la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía cuando presentó la demanda de supuesto enriquecimiento ilícito en la Cámara Primera de lo Civil, porque no debía haber alegado un retiro ya que lo que sucedió fue la conclusión de su período como magistrado.“El señor García Calderón no incluyó en su declaración jurada de patrimonio correspondiente al cese de sus funciones del período 2006-2009 ningún valor en el rubro de cuentas por cobrar en concepto de rescate de seguro”, afirmó Pineda.
El jefe de Probidad además señaló que según información recopilada a través de la Secretaría General de la CSJ relacionada con el proceso de contratación de la compañía que realizó el pago de rescate de seguro, la contratación fue solamente por medio de acuerdos de García Calderón como presidente del máximo tribunal.
Por lo tanto, de acuerdo con la Secretaría, no existen evidencia documental sobre los parámetro de contrataciones basadas en lo estipulado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones.
Tampoco se comprobó que la Corte de Cuentas haya auditado ese proceso entre los años 2001 y 2008, ya que según los registros, la única observación por la controlaría en relación a la falta de contratación de seguro de vida y seguro médico hospitalario fue hecha en 2007.
El Diario de Hoy también solicitó a la CSJ información sobre el rescate de póliza de seguro del que gozaban los magistrados en el período que García Calderón fue presidente del máximo tribunal y confirmó que no existen.
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“Los salvatajes que pueden derivarse de la póliza de seguros no son de nuestro conocimiento, dado que no existe intervención alguna por parte de los Departamentos de Tesorería y Contabilidad. Por lo tanto, no se tiene identificadas en nuestro sistema de registro cuentas personales de magistrados o exmagistrados para hacer depósitos relacionados a los salvatajes de seguros”, respondió la Unidad de Acceso a la Información a EDH.Posible hecho delictivo
“Lo que sucede aquí es probablemente la comisión de un hecho delictivo”, expresó en la sesión de Corte Plena la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Paula Patricia Velásquez, refiriéndose a que durante la administración de García Calderón no se siguió el procedimiento legal para la licitación de la póliza de seguros y tampoco para la entrega de los fondos que el exfuncionario recibió.
Por su parte la magistrada presidenta de la Sala de lo Civil, María Luz Regalado, describió la irregularidad expuesta por Probidad como “bastante delicada”.
“No me parece que haya sido lo más apropiado que se le haya devuelto a una persona, a un magistrado, porque era plata institución, no es plata, ni bonificación ni para nosotros eso es impactable”, señaló Regalado.
La opinión de Velásquez y Regalado también fue compartida por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime y Sidney Blanco, quienes señalaron que el dinero recibido por García Calderón no existía ningún tipo de justificación legal.
Mientras que Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Sala de lo Penal, justificó que el seguro “es un beneficio que al que los magistrados tienen derecho a accesar".
Después que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expuso la declaración patrimonial del expresidente de ese máximo tribunal, Agustín García Calderón, en la sesión del 7 de febrero, y señalara la irregularidad consistente en $25 mil 688 que el exfuncionario recibió sin base legal por rescate de póliza de seguro, el magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Ramírez Murcia, manifestó que él no “veía por qué cuestionar” y sumar como ingresos injustificados esos fondos.
“Los magistrados mientras estén ejerciendo es un beneficio al cual tienen derecho a accesar... pero si la Ley da esa cobertura o veo yo por qué cuestionar y sumar como ingresos ilegítimos esa parte”, argumentó Ramírez Murcia. Su postura contradijo la opinión de magistrados como Paula Velásquez, María Luz Regalado, Belarmino Jaime y Sidney Blanco, quienes sí consideraron irregular la adquisición de esos fondos.
Sin votar
En la sesión de Corte Plena solo 8 de los 15 magistrados votaron por enviar a juicio civil García Calderón. Ramírez Murcia se abstuvo de hacerlo (ver cuadro arriba).
“Yo quiero advertir que no me sumo a la decisión debido a lo que he señalado en precedentes, respecto a las sumas que en este caso no son relevantes, digo relevante en el sentido que no estábamos hablando de $100,000, $200,000, $500,000, verdad, grandes cantidades que aparecen como gastos posteriores (al cargo de presidente de la CSJ)”, justificó.