El Madurazo en Venezuela, como lo califica la oposición, fracasó. El gobierno de Nicolás Maduro prefirió meter freno y dar marcha atrás a la pretensión de quitarle poderes a la Asamblea Nacional, y ayer revocó su misma decisión.
Aunque sin tiempos ni márgenes claros. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha revertido la decisión que amenazaba con desatar la peor crisis política en la historia reciente del país, las sentencias 155 y 156 por las que asumía los poderes de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición. También restituye la inmunidad parlamentaria de la que había despojado a varios miembros del Parlamento.
Aun así, miles de venezolanos salieron ayer a las calles a manifestarse en contra de Maduro, e inclusive se enfrentaron a pelotones de policías (nota aparte).
En la madrugada del sábado, el presidente Nicolás Maduro anunciaba que la Sala Constitucional revisaría ambas decisiones. Era parte de los acuerdos a los que se llegó en el Consejo de Defensa de la Nación, el máximo órgano de consulta para el Poder Público. Maduro lo convocó de urgencia . Y la Fiscal General de la República fue la clave para que eso pasara.
Inclusive ayer el presidente Nicolás Maduro, la recibió en su despacho presidencial y prácticamente hizo “las paces” con ella, al entregarle en sus manos el acuerdo de revocatoria a la decisión que había tomado el TSJ, de quitarle poderes al Congreso.
Luisa Ortega Díaz, máxima representante del Ministerio Público, dice en la presentación de la memoria de 2016 que las últimas decisiones de la sala del Tribunal Supremo de Justicia tenían “varias violaciones del orden Constitucional”.
La declaración de la Fiscal rompe un tabú esencial, saca algo que era parte de una caja negra, una brecha en el chavismo que pasó de latente a manifiesta.
¿Ha habido voces críticas en estos años? Sí, pero nunca tan abiertamente, desde los poderes del Estado, y por parte de alguien que pertenece al chavismo histórico.
Ortega se encargó de enfatizar en sus declaraciones esto, que ella está desde el inicio y fue de las que participó en crear la Constitución de 1999. Lo dijo evocando a Chávez en palabra y gesto.
Recordó que fue él quien impulsó esa Carta Magna “en un proceso abierto, popular, participativo y protagónico que fue del pueblo”. Mientras, la sostenía en la mano en el formato que tantas veces él mostró en televisión, un libro muy pequeño de tapas azules” y la agitaba. Casi le faltó la taza de peltre con café.
La vuelta atrás se produce de manera repentina, pero en medio de los rechazos y presiones de la comunidad internacional para que Venezuela vuelva al Estado de Derecho.
También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se reúne en Antigua, Guatemala, prepara su informe de condena contra el gobierno de Venezuela por atentar contra los medios de prensa y periodistas independientes. (Ver página aparte).
No es la primera vez que la fiscal se desmarca del madurismo tan claramente. En octubre de 2016, en una entrevista en televisión, ya dijo que el TSJ no puede disolver la Asamblea nacional porque “no es su competencia”.
En julio pasado mostró su preocupación por las “consecutivas denuncias de violaciones de Derechos Humanos que había recibido de las OLPs (Operaciones de Liberación del Pueblo)”. Luego, bajó su perfil. Hasta ayer.
Maduro se refirió a esto como “una discrepancia” entre los poderes públicos del Estado, “algo que pasa siempre, cada día, cada semana, cada mes”, y de la que se enteró “porque Venezolana de Televisión (canal del Estado) lo había emitido”.
Dijo no saber ni lo que iba a decir la Fiscal ni las sentencias antes de emitirse, para luego remarcar que los poderes son independientes. Horas más tarde se afincó en la idea pero con una curiosa coletilla: “Me siento orgulloso de ser jefe de un Estado con poderes independientes. Los venezolanos pueden estar tranquilos, los órganos públicos están en manos de gente leal con el sueño de la patria construido por Chávez”, dijo el gobernante venezolano.
Fiscal no acudió a cita
Precisamente el Consejo era para dirimir discrepancias entre el TSJ y el Ministerio Público. Sin embargo, la Fiscal no fue, sino hasta después.
Quién sí le llegó la citación fue al presidente de la Asamblea Nacional. Una carta con cargo, pero sin nombre, quizás porque se reconoce como presidente a Henry Ramos Allup, pero no al recién llegado al puesto Julio Borges.
Fue este último quien recogió el capote y a través de la red social Periscope dijo que no acudiría al Consejo. “Hay un golpe de Estado y no vamos a ir a un diálogo que pretende crear un circo para decir que hay normalidad. Maduro quiere quitar presión a una crisis que él mismo ha creado”, dijo.
Por supuesto, hubo toque castrense: “El mundo entero está viendo la actitud de las Fuerzas Armadas. No pueden ser parte del problema, sino de la solución”, manifestó Borges.
Puso en relieve el respaldo internacional que ha tenido la oposición, pero matizó que si “la presión internacional no se ve acompañada de fuerza en la calle, no hacemos nada. Tenemos que lograr que reine la Constitución. Tenemos que volver a empezar a calentar la calle para defender nuestros derechos”.
Elecciones y separación de poderes es la petición. A lo interno calle -pacífica, han dicho en varias ocasiones-, y presión política en lo externo dicen querer usar como medios.
La decisión final del TSJ tiene el propósito de “mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes”.
Pero también hay una vuelta a la tortilla que viene con déjà vu: se pide a la oposición venezolana incorporarse al diálogo nacional con Unasur, el Papa y los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos.
La última vez que se pidió esto fue en octubre. Entonces la oposición estaba en la calle para pedir que se siguiera el proceso del referéndum revocatorio. Y se sentaron a conversar.