La Cámara de Representantes Estados Unidos ha instado al Gobierno salvadoreño a apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad, al tiempo que ha reconocido los logros del Fiscal General, Douglas Meléndez, por liderar “un avance significativo en la lucha contra la corrupción en los más altos niveles”.
Ese respaldo internacional llega en momentos en que en El Salvador la Fiscalía General opera con $46 millones (58 % del presupuesto al que aspira) y que de refuerzo recibirá $250,000, provenientes de un impuesto a las llamadas telefónicas destinado a la seguridad.
La resolución del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de EE.UU. fue emitida con motivo de la visita a Washington de los fiscales generales de El Salvador, Douglas Meléndez; Thelma Aldana, de Guatemala; y Oscar Fernando Chinchilla, de Honduras, en reafirman su respaldo a los funcionarios que lideran la lucha contra el crimen, la corrupción y la impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica.
En el caso de El Salvador, instan al gobierno a apoyar públicamente los esfuerzos por combatir la corrupción, y respetar la independencia del poder Judicial y de la oficina del Fiscal General.
Otro de los llamados que los congresistas hacen al gobierno es a garantizar que la oficina del Fiscal General reciba consignaciones presupuestarias suficientes para cumplir con sus responsabilidades fundamentales y que los fondos presupuestados lleguen de manera oportuna.
En el último año, la Fiscalía General solicitó $80 millones para desarrollar su trabajo de manera adecuada, pero el Gobierno solo le asignó $46 millones, lo que provoca que la institución acarree deudas millonarias con sus proveedores y no disponga de suficientes fiscales.
Tras conocer de los resultados de la reunión en Washington, la Embajadora de EE.UU. en El Salvador, Jean Manes, publicó en su tuiter que es “un momento importante en la lucha contra la corrupción”.
Según EE.UU. la corrupción generalizada en Centroamérica debilita la fe de los ciudadanos en las instituciones públicas, limita la capacidad gubernamental para avanzar objetivos de desarrollo, y permiten que prosperen los traficantes de drogas y otros criminales.
Por ahora la Unidad Anticorrupción procesa a dos exmandatarios, Antonio Saca y Mauricio Funes; al primero por “saquear” unos 246 millones del fondo de la presidencia, y al segundo por presunto enriquecimiento ilícito por $728 mil. A ambos los indagan además por otros delitos relativos a corrupción.
En la mira
La Cámara de Representantes reafirma que la lucha en contra de la corrupción en el Triángulo Norte es un importante interés político de los Estados Unidos.
Como segundo punto, reconoce que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) son actualmente una contribución importante a este esfuerzo.
En otro punto, la Cámara insta a los gobiernos de Guatemala y de Honduras continuar con sus apoyos a esas dos comisión que luchan contra la impunidad y la corrupción.
La visita de los fiscales generales del Triángulo Norte se produce como parte de las excelentes relaciones de cooperación entre Estados Unidos y las fiscalías de El Salvador, Guatemala y Honduras. Entre los temas a tratar en las reuniones está principalmente el apoyo directo a los ministerios públicos en el combate a la corrupción, todo ello enmarcado en el Plan de la Alianza para la Prosperidad.
En ese sentido las temáticas de trabajo a desarrollar por parte de los Fiscales Generales se encuentra además el fortalecimiento al trabajo conjunto con las agencias e instituciones estadounidenses, que tienen como tarea el combate al tráfico de drogas internacional y delitos del crimen organizado.