La experiencia de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) debe servir a El Salvador para crear un ente que goce de total independencia de los partidos políticos, pero sobre todo que se constituya a través de un convenio de cooperación que permita la profesionalización de fiscales, jueces y toda la estructura de justicia del país.
Esto, según el abogado guatemalteco Giovanni Fratti, evitaría que se use la lucha contra la corrupción e impunidad como un arma para perseguir opositores o desgastar al gobierno de turno y elevaría los estándares con los que opera el Ministerio Público, entre otros aspectos.
En esta entrevista Fratti, que fue invitado por el Movimiento Libertad para una ponencia sobre la creación de una “Cicies”, hace un análisis sobre este organismo, su importancia para El Salvador y cómo se debe empoderar la ciudadanía.
La Cicig destapó importantes casos de corrupción como el de “La Línea”, pero desde hace un tiempo no hemos visto más resultados de su trabajo. ¿Qué ha pasado en Guatemala al respecto?
El gran problema en mi país es que la Cicig, en vez de aprovechar el caldo de cultivo que dejó luego de sentar en los tribunales a Otto Pérez y Roxana Baldetti, entró en una dinámica donde más allá de impulsar una reforma constitucional, empezó a incidir en algunas instituciones y en la política cotidiana con un comisionado (Iván Velásquez) cercano a diputados y olvidando su rol, además del debilitamiento histórico del Ministerio Público y el Órgano Judicial, y la inmunidad que goza la Comisión en cada una de sus decisiones.
¿Eso pone a la Cicig en una posición privilegiada frente a los acusados? Sí, porque el Estado no está garantizando que ellos actúen en igualdad de condiciones y se abre la puerta para perseguir a unos y callar ante otros. Yo siempre he creído que la Cicig no debe de actuar con inmunidad y que debe de estar fuera del juego político porque la corrupción no es una cuestión de izquierdas o derechas, es un mal general y en El Salvador, si la oposición política pide una Cicies para perseguir y el oficialismo se opone a su creación para no ser juzgado, pues se está ante un panorama equivocado de la naturaleza de este ente.
Si se llegara a crear un ente fuera de la Fiscalía General para combatir la corrupción e impunidad, ¿cómo debería de estar constituido? Para no cometer los errores de la experiencia guatemalteca, donde un sector político fue quien concibió la idea y luego se le propuso a las Naciones Unidas, lo ideal es crear un convenio marco donde toda la sociedad esté de acuerdo y no solo apueste por la investigación, sino que también la profesionalización y especialización a todo nivel: Fiscalía, Cicies, jueces, sistema penitenciario, todo, apoyado por Estados Unidos y otros países que tienen experiencias y resultados en estos temas, además de proteger a Fiscales y jueces, quienes son los que en definitiva construyen los casos y los procesan.
¿Cuáles son los temas donde una posible Cicies debería de enfocar sus esfuerzos? Yo no creo que la corrupción sea, en el fondo, el principal problema de El Salvador. Al igual que en Guatemala las pandillas son el principal flagelo y por lo tanto en un convenio de cooperación, que debería de ser con el Departamento de Defensa y de Justicia se debe de especializar a investigadores al respecto. Para Guatemala esta claro que Naciones Unidas no puede investigar y por ello hay que apostar por la capacitación y el entrenamiento para que los políticos y los partidos no quieran ver un ente contra la impunidad como su defensa.