De 4 a 16 años se incrementará la pena de cárcel para los que trafiquen de forma ilegal con personas, si estas son menores de edad o padecen de alguna discapacidad física o psicológica. Esta pena también aplicará si los culpables son funcionarios públicos.
En la reforma que hicieron al artículo 367-A del Código Penal también queda establecido que la pena se incrementará en las dos terceras partes si el migrante que cruza de forma ilegal la frontera apoyado por otra persona muere en su trayecto.
Eso es lo que aprobaron ayer los diputados de todos los partidos políticos, con el propósito de evitar que más salvadoreños se expongan a los riesgos que conlleva cruzar las fronteras con otros países de manera ilegal, a veces hasta con engaños por los llamados “coyotes”, quienes acostumbran a dejar abandonadas a su suerte a las personas que migran del país, especialmente con rumbo a los Estados Unidos.
Por eso, los legisladores elevaron las penas, ya que actualmente el delito de tráfico ilegal de personas solo contempla prisión de 4 a 8 años.
La diputada de ARENA, Alejandrina Castro, dijo que están conscientes de que este delito se ha vuelto una especie de “esclavitud moderna”, por lo que era necesario modificar la normativa legal para castigar severamente a los hechores.
El diputado Lorenzo Rivas, de GANA, explicó que el tráfico ilegal de personas ya ha causado demasiado daño a las familias salvadoreñas, quienes en su mayoría se van huyendo por la delincuencia y las pandillas o por la pobreza, pero encuentran la muerte en su trayecto por el desierto hacia el “sueño americano”.
“Son personas inescrupulosas que han puesto en riesgo sus vidas y han llevado a la muerte a menores de edad, personas con discapacidad y a las personas en general. Hoy hacemos una reforma importante, sin colores políticos, con el ánimo de brindar una mano protectora a nuestra gente”, reflexionó Rivas.
Al respecto, el presidente de la Asamblea y diputado de GANA, Guillermo Gallegos, afirmó que promoverá que en la región se hagan reformas similares a las normativas penales, para frenar los abusos que se cometen en contra de quienes buscan un mejor futuro en otros países.