El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, instaló este miércoles la audiencia especial de notificación contra 18 generales y coroneles retirados de la Fuerza Armada incluidos en el proceso penal por la masacre en El Mozote, cometida en 1981.
La diligencia (que continuará hoy) se llevó a cabo luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anulara, en julio pasado, la Ley General de Amnistía de 1993, lo que permite reabrir procesos por crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos en el conflicto armado (1980-1992).
La Fiscalía General informó que el juzgado notificó ayer los delitos de homicidio, privación de libertad agravada, violación agravada, violación de morada, actos de terrorismo, actos propositivos, robo, daños agravados y estragos a nueve militares. Hoy lo hará con el resto.
Los excomandantes del Ejército que comparecieron en la diligencia fueron los generales Rafael Flores Lima, Juan Rafael Bustillo Toledo y José Guillermo García.
También los coroneles Francisco Adolfo Castillo, Natividad de Jesús Cáceres Cabrera; Juan Ernesto Méndez Rodríguez, José Antonio Rodríguez Molina, Luis Adalberto Landaverde Barrera y José Mario Godínez Castillo.
El general Juan Rafael Bustillo Toledo y el coronel Juan Ernesto Méndez Rodríguez enviaron a sus representantes legales. El juzgado les hizo saber que se trata de un proceso personal y debían estar presentes. Los citará de nuevo.
Hoy deberán acudir al juzgado los otros nueve militares. Si no llegan se les hará dos llamados más; si no acatan el tercero el juez ordenará que sean arrestados.
Wilfredo Medrano, miembro de la organización que representa a las víctimas y sus familiares, manifestó que los militares que estuvieron en la audiencia eran los exmandos de la Fuerza Armada.
Hoy lo harán quienes estaban al frente del batallón Atlacatl, que perpetró la matanza, según el Informe de la Comisión de la Verdad elaborado por la ONU.
La masacre, en la que murieron unos mil habitantes del cantón El Mozote, en Morazán, y poblados aledaños, fue cometida entre el 10 y 12 de diciembre de 1981.
“Comisión de la Verdad no es nada”
Lisandro Quintanilla, defensor de uno de los militares, relató que durante la audiencia se hizo la lectura de los hechos, de los que dijo que son “tan vagos como una novela dantesca” porque, a su juicio, “se ha contado una historia sobre la base de informes inverosímiles”.
Según el abogado, la acusación fue hecha con base en el Informe de la Comisión de la Verdad. Para él, este documento no tiene ningún valor jurídico porque “no hay una labor investigativa de parte de nadie”. Quintanilla es de la idea de que quienes elaboraron el documento era un grupo de personas inexpertas que fueron nombradas para recoger algunas evidencias que no fueron judicializadas.