A sus 12 años Kenia V. supo que sería madre y la fragilidad de su cuerpo y del feto en su vientre la condenaron a abandonar la escuela en El Salvador; ahora está en la lucha por recuperar el tiempo en un programa que busca atraer a los estudiantes desertores y que surgió con un cambio en las políticas de seguridad.
"Yo salí embarazada cuando estaba estudiando el sexto grado, en febrero de 2015, mi embarazo era de alto riesgo y dejé de estudiar debido a mi condición", relató a Acan-Efe Kenia, que ahora tiene 14 años de edad y es "madre soltera".
Nacido su hijo en noviembre y alentada por su madre, una mujer viuda y vendedora de frituras, se dispuso a retomar la educación básica en 2016, pero vio truncadas sus aspiraciones al poco tiempo.
"Solo estudié dos meses en 2016 y me salí de la escuela" porque "no encontré quien me cuidara el bebé", y "mi mamá me dijo que esperara a que el niño creciera para seguir estudiando", acotó la joven, quien, posteriormente, en septiembre, recibió una llamada que la invitaba a retomar sus estudios en una "modalidad flexible".
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Seis meses antes, y a raíz de la masacre de 11 trabajadores perpetrada por pandilleros, el Gobierno comenzó a fraguar una serie de "medidas extraordinarias" con las que buscaría reducir los índices de asesinatos, que en los primeros tres meses del 2016 eran un 113,5% más altos que los del mismo lapso de 2015.
En junio de 2016, el Ejecutivo lanzó también las "medidas extraordinarias de prevención" que permitieron ejecutar el plan de educación "flexible" en los 10 municipios considerados como los más violentos del país, incluido Colón (oeste), de donde proviene Kenia, y en los que ya se vivía una ofensiva contra las pandillas.
El programa está "adecuado a la población que se estableció como prioridad" y su objetivo es retomar a los estudiantes que estaban fuera del sistema y reinsertarlos, explicó a Acan-Efe la directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, María Angélica Paniagua.
La funcionaría del Ministerio de Educación (MINED) detalló que en 2016 atendieron a 4,715 estudiantes que estaban exiliados del sistema, con tutorías los fines de semana para aprobar un "examen de suficiencia" y en la modalidad "acelerada".
La primera implica que en un solo examen los jóvenes deben demostrar que tienen los suficientes conocimientos para avanzar de grado y en la segunda reciben clases intensivas de lunes a viernes para que en 6 meses cubran la formación que en el modelo tradicional toma un año.
Explicó que al ser una iniciativa cuyo objetivo eran "los jóvenes que por la violencia abandonaron la escuela", tuvieron que identificar los colegios de los que salieron y darles otras opciones que también les garantizaran no llegar a una zona bajo el dominio de una pandilla distinta a la que se encuentra en sus comunidades de origen.
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En El Salvador es común que una persona sea asesinada, por ejemplo, solo por circular por una comunidad dominada por el Barrio cuando proviene de una controlada por la Mara Salvatrucha (MS13) o viceversa.
"Dada esta situación organizamos" 44 sedes para prueba de suficiencia y 60 de educación acelerada "para no arriesgar a los jóvenes ni a los 200 maestros", acotó Paniagua, que aseguró que la información dada por las comunidades fue la base para el "mapeo".
La misma admitió que este trabajo implicó "cambiar la "estrategia" ya que anteriormente los jóvenes interesados debían buscar la sede de la capital para las formas "flexibles" y ahora la dinámica es de "acercar la escuela" a estos.
Añadió que pese a que la iniciativa estaba encaminada a los jóvenes afectados por la violencia "la oferta abrió más posibilidades a otros y permitió atender otros problemas" como las deserciones por problemas económicos y embarazos precoces, de los que el país registro 13,146 solo en 2015.
Aseguró que de los 5,565 estudiantes que pretendían retomar sus estudios en estas modalidades en 2016, más del 21% había abandonado la escuela por cuestiones económicas, el 5% por embarazos y el 6,36% por la inseguridad.
La implementación del proyecto le costó al Gobierno, en 2016, 1.2 millones de dólares provenientes de un impuesto especial a las telecomunicaciones; su continuidad en 2017 para atender más de 4,400 estudiantes implica la inversión de otros 600,000 dólares.
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El plan es extenderlo a los 26 municipios más violentos y posteriormente a 50 más, con lo que la población a reinsertar ascendería a los 24,000 estudiantes desertores, según dijo el ministro de Educación, Carlos Canjura, en octubre pasado."Lo que quiero es sacar mis estudios lo más rápido que se pueda (...) para buscar un trabajo para salir adelante", aseguró Kenia, que también ha visto atizados sus ánimos con el deseo de su progenitora de reingresar a la escuela que dejó pausada en el octavo grado, muchos años atrás.