La bancada legislativa tricolor presentó este lunes una propuesta de reforma al Código Penal encaminada a crear tres nuevos delitos penales con la finalidad de combatir la corrupción, entre las que figura ese castigo para los funcionarios que hagan contrataciones sin seguir el proceso que ordena la ley.
La reforma es al artículo 328-A de la legislación penal, e incluye la sanción para los que contraten a familiares. Ambos castigos serían de seis a dos años de prisión.
Por otra parte, la propuesta tricolor, presentada por el legislador René Portillo Cuadra, también incluye otros dos nuevos delitos: Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Omisión o Alteración de Procesos Licitatorios.
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El primero es una enmiendas al artículo 333-A del Código Penal, en el que se busca sancionar con cárcel de uno a cuatro años cuando haya personas que sin ser funcionarios o empleados públicos administren y manejen recursos públicos o bienes del Estado, incrementando en su nivel gastos o cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de su administración.Este delito, por ejemplo, estaría dirigido a miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben dinero de cooperación del Estado.
El segundo caso se refiere a una pena de uno a cuatro años de cárcel para un funcionario o empleado que omita o altere procedimientos de adjudicación y contratación en licitaciones públicas.
A juicio de Portillo Cuadra, existen algunos vacíos en la legislación penal para penalizar conductas contrarias a la probidad y la transparencia, por lo que se hace necesario que existan estos delitos.
“Es necesario fortalecer el combate a la corrupción en nuestro país, introduciendo a nuestro ordenamiento jurídico nuevos tipos penales que regulen al actuación de los funcionarios y empleados públicos o de todos aquellos que manejen bienes del Estado”, señala la propuesta.
Otros partidos políticos señalaron que analizarán la medida antes de emitir un juicio sobre la misma.