Los propietarios de algunos inmuebles que son alquilados por la Policía Nacional Civil (PNC) en San Salvador -para el funcionamiento de sedes policiales u oficinas administrativas- han asegurado que la institución les notificó que, a partir de este mes, empezarán a desocuparles los locales.
Según publicaciones de este periódico, la PNC acumula una deuda que ronda los 20 millones de dólares y que representa retrasos de hasta 7 u 8 meses con las personas que les rentan los locales para sus diversas delegaciones.
Hasta hace cinco meses, la deuda económica que tenía la Policía con todos sus proveedores y con propietarios de locales, ascendía a 20 millones 520 mil dólares, según un informe de la Oficina de Información Pública de la PNC.
El documento detalla que de esos 20 millones, hay 1,604,987 dólares que corresponden a la deuda que tiene la corporación con los propietarios de edificios, casas y locales que son arrendados para albergar delegaciones, unidades y oficinas.
Las autoridades policiales tienen que pagar hasta 5 millones veintinueve mil con 538 dólares anuales por los alquileres de 363 inmuebles que ocupa la Policía, en todo el país, para que funcionen delegaciones u oficinas.
Sobre la razón de los desalojos que han anunciado, según les explicaron, es porque se trasladarán a su propio edificio, situado en la colonia Montserrat, que fue inaugurado en enero pasado.
La construcción y equipamiento del edificio costó más de 4 millones de dólares. Fue construido como parte del plan de modernización de las sedes policiales.
El anuncio sobre el desalojo de los locales se les hizo a los arrendatarios días después de que la institución firmó la renovación de contratos.
La molestia de quienes ya fueron notificados de la medida es porque la corporación les devolverá los establecimientos, pero no les ha dicho cuándo les pagarán la deuda que la PNC arrastra desde hace varios meses.
Algunos afectados aseguran que les deben ocho meses; el último pago que se les hizo fue en julio de 2016. Otros manifestaron que a ellos aún no les han dicho que les desocuparán los inmuebles. Agregaron que, la semana anterior, les desembolsaron el dinero equivalente a cinco cuotas atrasadas. Aún les deben tres.
“Las cláusulas del contrato establecen que se pueden ir cuando estimen conveniente; pero mi descontento es porque cuando pregunté al ingeniero que me llamó, sobre cuándo me pagarán lo que me deben, me respondió que no sabía. Llamé a tesorería de la PNC y me dijeron que no se les ha dado dinero para eso. Nadie se quiere hacer responsable de esa deuda”, reprochó una de las afectadas. Otros propietarios han denunciado que en la tesorería de la Policía solo les dicen, “llame al ministerio de Hacienda, dependemos de los desembolsos de ellos para pagarles a ustedes”.
A esta incertidumbre de los afectados se suma el temor de que la Policía Nacional Civil abandone los establecimientos pero no esté al día con el pago de recibos de energía eléctrica o agua potable, o en las condiciones en que dejarán los inmuebles.
Esta sospecha surge a raíz de que, en más de alguna ocasión, agentes de algunos puestos policiales han denunciado que las distribuidoras de energía eléctrica o la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) les ha suspendido el servicio por falta de pago.
Ante esta situación, los policías han logrado en algunas ocasiones abastecerse del líquido con los vecinos para poder hacer su trabajo en mínimas condiciones higiénicas.
Mientras que para solventar el problema de la electricidad, algunas veces, han tenido que recurrir al uso de plantas eléctricas para poner a cargar los radiocomunicadores.
El atraso en los pagos a los proveedores de la Policía es un problema que viene arrastrando desde hace varios años.
Esto ha llevado a más de algún afectado a querer emprender acciones legales, pues al no recibir el pago puntual del alquiler ellos no han podido cumplir sus compromisos financieros con el Ministerio de Hacienda o con el sistema bancario.
Los dueños de edificios o casas deben mes a mes presentar declaraciones ante Hacienda, sino lo hacen caen en mora. En estos casos ellos son quienes subsidian a la corporación para evitar las multas, aunque el origen de las multas es originado, en todo caso, por el mismo Hacienda al no desembolsar el dinero que por presupuesto corresponde a la Policía.
De todos los locales que ocupa, el 90 % son alquilados y solo el 10 % son propiedad de la corporación. En reiteradas ocasiones, las autoridades de la Policía han reconocido la falta de liquidez y la han atribuido a la tardanza con la cual el Ministerio de Hacienda eroga los fondos.
Deudas a proveedores afectan a Fiscalía Las deudas no solo son en alquileres y en el caso de instituciones relacionadas con la seguridad no solo atañen a la Policía, sino también a la Fiscalía General de la República, y son impagos a los proveedores de equipo de oficina, papelería, uniformes, calzado, y de servicios como reparación de vehículos, entre otros.
Hasta finales del año pasado, la deudas a proveedores de estas instituciones rondaban los 5 millones de dólares. Ante esto, el fiscal general ha solicitado un presupuesto acorde a la realidad y exigencias.