La Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía sostuvo ayer que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, habría infringido la Ley de la Carrera Judicial al solicitar “retiro voluntario” como funcionario y recibir un bono por $28,283.61, cuando lo que correspondía era la finalización de su período como titular del máximo tribunal, en 2009.
Con ello, de acuerdo con las investigaciones, el incremento patrimonial injustificado de $165,000 por el que fue enviado a juicio civil tras la decisión de ocho magistrados del pleno de la CSJ, en febrero de este año, ahora asciende a $193,000.
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Ayer, los fiscales anticorrupción demandaron al exmagistrado y a su esposa, Gloria Natividad de García, en la Cámara Primera de lo Civil.Luego de la diligencia, la fiscal Ana Cecilia Galindo manifestó que a las cuatro irregularidades encontradas en la declaración patrimonial de García Calderón ante la Sección de Probidad y discutidas en Corte Plena, se le suma el supuesto bono recibido, ya que es considerado como indicio de enriquecimiento ilícito.
“En realidad no ha existido un retiro, lo que existió fue reclusión del término para el período para el cual había sido elegido. Él fue elegido para un período como magistrado presidente del año 2000 al 2009”, señaló Galindo.
La representante fiscal también aseguró que el exfuncionario hizo la solicitud de retiro voluntario basándose en el artículo 41, literal ch de la Ley de la Carrera Judicial.
Este establece que la “Corte organizará un fondo de protección y los demás sistemas que permitan a los miembros de la carrera gozar, sin perjuicio de las establecidas en otras leyes, de las prestaciones siguientes: (ch) Bonificación por retiro voluntario equivalente a seis meses como mínimo del último sueldo devengado, siempre que se haya cumplido al menos dos de las terceras partes del tiempo requerido para jubilarse dentro de la carrera”.
No obstante, para la unidad anticorrupción de la Fiscalía, García Calderón no tenía derecho a la bonificación porque podría haber procedido a la jubilación mientras cumpliera los requisitos legales que exige la referida ley.
Galindo explicó que la irregularidad fue determinada bajo la figura de voto razonado por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco y Rodolfo González, y por la presidente de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas.
Según señaló la fiscal, posiblemente los otros 12 magistrados de la CSJ habrían razonado que los fondos obtenidos por García Calderón en ese concepto habrían tenido un origen lícito.
Otra de las anomalías que la Sección de Probidad encontró en la declaración del expresidente del máximo tribunal está relacionada con la falta de evidencias bancarias del retiro de $10 mil con los cuales el exfuncionario compró un vehículo a Rafael Eduardo Ardón Romero, cuñado de José Misael Cisneros, (alias) Medio Millón, ambos procesados por lavado de dinero.
Rectifican medidas preventivas de CSJ
Ayer, la Fiscalía también rectificó ante la Cámara las medidas preventivas ordenadas por la Corte que consisten en el congelamiento de 10 cuentas a nombre de Calderón y dos a nombre de su esposa.
Además de la restricción del traspaso a terceros de dos vehículos, uno registrado a nombre del exmagistrado y otro a nombre de su cónyuge.
Fiscalía, asimismo, solicitó la Cámara un peritaje financiero que se agregará al proceso tras ser aprobado.