Una reforma a la Ley de la Carrera Docente abrió ayer la puerta a que docentes del sistema público con enfermedades terminales o incapacitantes puedan retirarse de forma voluntaria para atender sus tratamientos médicos.
La medida fue aprobada por la mayoría de bancadas legislativas durante la sesión plenaria de ayer. Este beneficio, como dijo en su momento el ministro de Educación, iba destinado en un principio a más de 1,300 maestros, pero al final podrán acogerse un aproximado de 300, según los legisladores.
El retiro voluntario de los maestros en estado delicado de salud podrá hacerse a partir de un dictamen médico por parte del Instituto de Bienestar Magisterial.
Podría interesarle: Mined presenta propuesta a reforma de Ley de la Carrera Docente
La reforma sostiene que este beneficio “permitirá que el grupo de docentes sea beneficiado con el derecho de una prestación económica en razón de sus enfermedades terminales o incapacitantes que impiden realizar efectivamente su labor”.La enmienda aprobada incluye que los docentes con enfermedades temporales puedan recibir una prestación especial que equivale al sueldo base que reciben cada mes. La prestación que recibirán no tendrá ninguna deducción de renta y además no podrá ser embargable.
El ministro Canjura dijo que los fondos para este retiro supondrán una erogación de $14 millones que saldrán del presupuesto institucional.
Los diputados celebraron la aprobación de este decreto, puesto que da la oportunidad a los docentes de seguir su tratamiento médico, según manifestaron.
Este beneficio para los docentes se aprueba año con año pero a distintos niveles. El año pasado, a principios de enero, se aprobó otro decreto en el que salieron beneficiados 1,435 docentes y 499 empleados técnicos y administrativos del Ministerio de Educación.
En ese momento, las plazas que dejaron los docentes podían ser cubiertas por otros maestros, pero no así las de los técnicos y administrativos, que fueron congeladas.
Los fondos destinados por el gobierno para ese retiro fueron por un monto mayor a los $28 millones.