El expresidente Mauricio Funes ha anticipado que la Fiscalía General de la República le promoverá un juicio penal por presunto lavado de dinero y otros delitos.
“Como lo anticipé. La FGR me investiga por lavado de dinero sin más pruebas que la declaración de supuestos testigos a los que criterió”, escribió Funes ayer en su cuenta de Twitter.
“Un testigo de FGR asegura que soy el dueño de un inmueble sin tener pruebas, la FGR valida la declaración y me acusa de lavado. Eso es justo?”, agregó.
“Las acusaciones que están por venir en mi contra tienen como supuesta prueba las declaraciones de “testigos” con los que han negociado”, publicó Funes previamente.
El medio digital Diario Latino.net (www.diariolatino.net) informó que una fuente de la Fiscalía le reveló que el exgobernante sería demandado en los próximos días por enriquecimiento ilícito, actos de corrupción y malversación, entre otros delitos, que sumarían $250 millones.
Este medio digital señaló que el Ministerio Público tiene lista la demanda para hacer la acusación formal contra el exmandatario, quien corrió a asilarse en Nicaragua poco después que el Poder Judicial le iniciara un juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito.
Dos de los principales casos en los que se le atribuiría a Funes participación y responsabilidad son la malograda construcción de la represa El Chaparral y la entrega de la publicidad estatal a Polistepeque Comunicación y Marketing, empresa del publicista Joao Santana, preso en Brasil bajo cargos de corrupción.Además, según la fuente que cita el Diario Latino, Funes sería responsable de la salida del erario de millones de dólares como sobresueldos de sus funcionarios y autoridades de las entidades autónomas durante su administración. Millones en publicidad estatal
Por ello, según el medio digital, sobre Funes recaería una acusación por la contratación sin licitación de Polistepeque Comunicación y Marketing, cuyo propietario fue Joao Santana, quien pasará ocho años de prisión por sus vínculos con la red de corrupción que operó en la estatal brasileña Petrobras.
Según las investigaciones de las autoridades brasileñas, Santana fue “intermediario” de la constructora Odebrecht para entregar $1.5 millones a las cuentas de campaña de Funes.
Según la fuente del Ministerio Público citada por Diario Latino, Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera Castellanos, quienes eran empleados de la Casa Presidencial durante la gestión presidencial de Funes, estarían colaborando con la Fiscalía para declarar contra el primer presidente efemelenista.La contratación directa de Polistepeque significó que, entre 2010 y mediados de 2012, 10 instituciones del Ejecutivo pagaran al menos $5.6 millones a dicha agencia de publicidad.
Además Polistepeque no tuvo que competir con ninguna empresa para ganar los contratos.
Documentos firmados por Olga Patricia Zablah, entonces directora de Prensa de Capres; Ricardo Marroquín, jefe de UACI; y Lissette Mirón Cordón, asesora de publicidad de la Secretaría de Comunicaciones, demuestran que para la Presidencia, solo Polistepeque “cumplía con los requerimientos”.
“Hicimos una investigación de mercado y no encontramos, dentro de las agencias de publicidad y productoras existentes en el país, las calidades y la experiencia necesaria para asumir una parte de la propaganda gubernamental o de la publicidad gubernamental”, defendió Funes en 2010.
Diario Latino.net también indica que el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Leopoldo Samour, sería uno de los testigos de la Fiscalía contra Funes.
Al respecto hay que destacar que, según el Diario Latino, Funes es responsable del pago ilegal de $108.5 millones a la constructora italiana Astaldi SpA en un proceso de arreglo directo entre CEL y esta empresa, donde no hubo respaldo legal y no se definieron responsables del abandono en le construcción de la presa El Chaparral.Según la supervisión que hizo CEL con sus técnicos, solo se construyó el 29 % de El Chaparral, algo que luego fue confirmado por la supervisión externa del proyecto, elaborada por el asocio Euroestudios-Ingetec.
Sin embargo, para pagar los $108.5 millones, se calculó un avance de 38 %, lo cual permitió incluir un pago de $28.7 millones sin justificación.
Funes defendió el arreglo, alegando que era para evitar un arbitraje o una demanda internacional contra el país. (Ver nota aparte).
Según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), se podía terminar el contrato por mutuo acuerdo, pero no reconocer cantidades que no pertenezcan al valor “de la ejecución de la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos”.
Además, según la fuente, Funes sería responsable de la salida del erario de millones de dólares como sobresueldos de sus funcionarios y autoridades de las entidades autónomas durante su administración.
Fiscalía revisa documentos
Fuentes de la Fiscalía General aseguraron a El Diario de Hoy que tres fiscales y un analista financiero están revisando la gran cantidad de documentos de todo tipo que se encuentra almacenada en 560 cajas, las cuales fueron incautadas en los allanamientos a las casas, oficinas, y empresas de Miguel Menéndez, conocido como Mecafé.
Al terminar de analizar la documentación anterior, comenzarán a revisar otra documentación y más evidencias que fueron recolectadas en los allanamientos a las residencias de Funes y de su compañera de vida Ada Michel Guzmán, indican las fuentes de la Fiscalía.
Funes defendió pago millonario por hoyo
La historia hasta hoy escrita detrás del proyecto hidroeléctrico El Chaparral tiene como uno de sus capítulos más inexplicables la firma de un arreglo directo entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la firma italiana Astaldi SpA, donde la primera, en nombre del Estado salvadoreño, pagó $108.5 millones por una obra inconclusa.
Lo único que se conoció es que se pagaba el millonario desembolso por un 38 % de avance del megaproyecto energético, cifra que fue sobreestimada en un 8.71 %, ya que más adelante en una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y en documentos de la supervisión de CEL se supo que se construyó solo el 29 % de la obra. De hecho solo quedó un enorme agujero.
El acuerdo, con fecha 11 de julio de 2012, fue suscrito entre el entonces presidente de la autónoma, Leopoldo Samour, y el apoderado general de la constructora Astaldi SpA en El Salvador, Mario Pieragostini.
Varios meses después, el ex presidente Mauricio Funes defendió el pago millonario a Astaldi. Su argumento fue que era para evitar un posible arbitraje internacional, lo cual hubiera provocado una mayor erogación de dinero al Estado y la paralización de la obra.
“Si el presidente de CEL no recurre a la negociación directa, inmediatamente Astaldi se va a un arbitraje (…) Se le agregaron aproximadamente unos $23 millones más porque era un acuerdo al que se llegó por los daños y perjuicios, esos $23 millones no se los echó a la bolsa el presidente de CEL, no me los eché a la bolsa yo”, afirmó Funes en octubre de 2013.
Al hecho de que se pagó por una obra inconclusa, se suma el hecho de que geólogos contratados por la Fiscalía determinaron que la geografía en la que se comenzó a construir la obra no era la indicada.
Otro aspecto que se deber recordar es que nunca se ejecutaron las garantías y fianzas que firmó Astaldi a CEL cuando se suscribió el contrato llave en mano por $220 millones para construir El Chaparral.