Para el Ejecutivo, la Fiscalía no parece tener la misma importancia que otras instituciones que trabajan en el combate de la criminalidad. Al menos, esto es lo que denota la asignación de $250 mil que el gobierno propuso para el Ministerio Público, de un total de $11.5 millones que han sido recaudados durante el primer trimestre del año, de los impuestos a la telefonía y grandes contribuyentes destinados para la seguridad.
La mayor parte de esos fondos serían para incrementar el bono trimestral a $300 que reciben los policías, soldados y protectores de víctimas y testigos, según informó el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. (Ver nota aparte).
Del total recaudado a la fecha, $7.5 millones serían asignados a la cartera de Seguridad; $3.7 millones al Ministerio de la Defensa; y los restantes $250 mil a la Fiscalía.
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“Esto será para beneficiar a más de 37,000 miembros de todas las instituciones”, argumentó Ramírez Landaverde como una manera de premiar el hecho que desde 2016 y en 2017 han logrado reducir la tasa de homicidios.El monto asignado para reforzar a la Fiscalía es totalmente opuesto a las necesidades que el fiscal general, Douglas Meléndez, ha venido insistiendo y que reiteró en la Asamblea el lunes pasado.
El funcionario fue enfático en decirles a los diputados que la Fiscalía urge de más recursos para contratar a fiscales que investiguen en áreas específicas que tienen que ver con el crimen organizado, extinción de dominio, personas desaparecidas, extorsiones, entre otros delitos.
A manera de ejemplo citó que para algunas áreas se necesitan hasta 30 fiscales y sólo cuentan con uno o máximo 10 profesionales para atender toda la demanda de casos.
Desde el año pasado el funcionario insiste en que para funcionar adecuadamente requiere de por lo menos $80 millones de presupuesto anual; sin embargo, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, le asignó para operar en 2017 cerca de $50 millones.
Según el plan de gastos aprobado por la Asamblea, la Fiscalía cuenta con $46.8 millones, lo que representa un aumento de apenas $2.2 millones en comparación con el del año pasado.
Pero el gobierno y dirigentes del FMLN como Norma Guevara y Medardo González, hacen oídos sordos de las peticiones del fiscal y lejos de apoyarlo cuestionan a Meléndez cuando éste les dice que de seguir las condiciones del país, los escasos recursos y las presiones, respaldará una Comisión Internacional que combata la Corrupción y la Impunidad (Cicies) “o como se llame”, similar a la que funciona en Guatemala y que ya destapó graves casos de corrupción en altas esferas del Estado.
ARENA promueve más dinero para Fiscalía
Mientras el gobierno informaba ayer en conferencia de prensa en Casa Presidencial, como un gran logro la nueva redistribución de los recursos para beneficiar en su mayor parte a la Policía y al Ejército la fracción de ARENA proponía darle a esa institución $10 millones para que los destine en las prioridades que el Fiscal considere conveniente.
“El Fiscal ha estado diciendo que no tiene fondos, por eso le estamos dando $10 millones a la Fiscalía para que él (Meléndez) vea eso, le damos la discrecionalidad para que él nos haga el presupuesto extraordinario de ellos y en qué lo van a colocar”, afirmó el diputado tricolor Mauricio Ernesto Vargas.
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Para el legislador, hay que invertir más en la investigación y el combate frontal al crimen, con el fin de impedir que las zonas liberadas de pandillas y delincuencia se contaminen de nuevo.La moción de la bancada tricolor hace una nueva orientación de los fondos en general, no sólo de lo recaudado en el primer trimestre, como lo identifica el gobierno.
Tomando como parámetro que los impuestos a la telefonía y a los grandes contribuyentes para la seguridad, dejaron en promedio el año pasado $105 millones, ARENA plantea redistribuir esos fondos así: para el Ministerio de Justicia un 21.8 %; para la Policía un 27 %; para la Fuerza Armada un 18%; para la Fiscalía un 10 %; y para la Dirección de Centros Penales 1.8 %.
Y para los programas de prevención y rehabilitación propone asignarle un 21.4 %. Este rubro es el que desata los roces entre el FMLN y ARENA, y se debe a que para los tricolores, dado el alto nivel de homicidios y delitos, cometidos en su gran mayoría y de acuerdo a datos policiales y de la Fiscalía, por los pandilleros “terroristas”, hay que apuntalar el esfuerzo más en la represión que en la prevención.
“Pedimos que la distribución de la contribución especial de los grandes contribuyentes y la telefonía tengan un equivalente con el problema del acercamiento a la violencia que se tienen en los 26 municipios intervenidos y en los 50 más violentos”, acotó el diputado Vargas.
El año pasado, de los fondos recolectados de los impuestos para la seguridad, el gobierno destinó para programas de prevención el 30 %, pero ahora ARENA propone bajarlo al 21.4 %, esto con el objetivo de destinar el 78 % para el combate directo al crimen.
“Para que no tengamos el problema del Centro Histórico, donde no hay control territorial, donde hay un Estado paralelo, donde el fiscal dice que hay crimen organizado”, justificó Vargas.
Además, existe la “duda razonable” en la oposición tricolor de que los recursos que el gobierno destina para prevención administrados por el Instituto Nacional de los Deportes (Indes), el Instituto de la Juventud (Injuve) y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (Fisdl), tengan un fin “político de control territorial” de cara a las próximas elecciones de 2018.