Un grupo de 75 agentes de seguridad privada de la Asociación de Vigilantes Independientes de Mercados y Centros Comerciales (Avimces) se encuentran sin laborar desde que fueron cesados por disposiciones de la PNC.
Los vigilantes fueron cesados el 16 de marzo, luego de los ataques armados que dejaron seis muertos en el Centro Histórico de San Salvador y cuya investigación sigue en proceso.
Según el director de la Policía, Howard Cotto, fueron suspendidos por un período de 30 días, durante el cual se realizan las indagaciones en torno al caso, sin embargo, los vigilantes han solicitado que ese tiempo sea reducido a 15 días, pero aún no han recibido una respuesta.
Salvador Hernández Pineda, presidente de Avimces, aseguró que los vigilantes no son los únicos afectados, sino que con las medidas que han tomado las autoridades “están castigando” a más de 18,000 vendedores de mercados a los que ellos darían servicios.
Señaló que no coincide en que cada uno de los agentes de seguridad cuentan con documentación legal para portar sus armas, pero la Policía ha dado la orden de no permitirles la entrada a los mercados ni uniformados ni armados.
Amenazas de la Policía
Aunque cuentan con los documentos, según el presidente de Avimces, se les ha amenazado con ser arrestados al no cumplir con los lineamientos. “La gente nos pide: ‘quédense y cobren’, pero la orden que ha dado la Policía es que si ven a los empleados (de Avimces) cobrando los van a capturar y acusar por renteros, como si ese dinero fuera producto de extorsión”, lo cual es considerado por el dirigente como “algo injusto”.
Para evitar ser detenidos, los vigilantes no están trabajando y algunos han dicho que esperarán el plazo de suspensión dictado por la Policía. Pineda afirmó que la empresa solo tiene siete armas registradas, pero que cada uno de sus vigilantes tiene armas propias legalizadas.