El pago de $108.5 millones que canceló la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), por obras inconclusas en la represa El Chaparral a la empresa italiana Astaldi, tiene nuevos elementos que son investigados por la Fiscalía, informó esta mañana el fiscal general, Douglas Meléndez.
"Lo estamos depurando, es un caso voluminoso, estamos recibiendo información de última hora", afirmó el funcionario.
Sin embargo, desde 2013 que la Fiscalía inició con la investigación sobre las “irregularidades” en la construcción de la presa El Chaparral, hasta la fecha los avances en el proceso judicial han sido casi nulos, pese a que documentos que firmó la CEL con la empresa italiana Astaldi demuestran que el gobierno pagó $108.5 millones por obras inconclusas en la represa.
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La autónoma había convenido originalmente con la empresa italiana el pago de $219 millones para la construcción de la represa; sin embargo, tras un arreglo directo el gobierno de Mauricio Funes le canceló a Astaldi $108.5 millones, pese a que los trabajos sólo reflejaban un 29% de avance. Es decir que la empresa recibió un pago como si hubiera ejecutado el 50% de la obra.
Investigarán a Funes
Meléndez también informó que han iniciado la investigación en contra de Mauricio Funes, tras la notificación de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de que podría haber cometido el delito de "desacato", tras haber sido juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), de manera automática.
La Sala declaró ilegal que los expresidentes y exvicepresidentes pasen al Parlacen sin ser sometidos al escrutinio popular.