Ante la petición del fiscal general, Douglas Meléndez, de que el gobierno le otorgue más dinero para investigar el crimen o crear una comisión externa para combatir la corrupción y la impunidad; el gobierno prefiere inyectarle más dinero a la Fiscalía, antes que ceder a una Cicies, parecida a la que funciona en Guatemala.
“Ya tenemos previsto precisamente de la contribución (impuesto a la telefonía) nuevos recursos”, manifestó el vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, ayer en la entrevista Frente a Frente.
Las declaraciones de Chicas se dieron luego que Meléndez se quejara del escaso presupuesto a la institución y a las presiones que recibe, y que si sigue así respaldará una comisión internacional contra la impunidad, pues ha dicho que la Fiscalía no cuenta con los recursos suficientes para investigar el crimen y la corrupción en el país.
Sin embargo, el vocero presidencial reiteró que una institución nunca tendrá todos los fondos que solicita. De acuerdo a Chicas, no es necesario pensar en una Cicies, pues el país cuenta con las instituciones idóneas para esa tarea, pero acepta que hay limitaciones financieras como en el caso de la FGR, sin embargo, promete que harán llegar más dinero al Ministerio Público de la recaudación del 5 % del impuesto a la telefonía, para que cumpla a cabalidad con su función.
Recientemente, y ante la visita de la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, su contraparte en El Salvador pidió la instauración de esta comisión, e ilustró que anualmente el Ministerio Público de Guatemala recibe $220 millones de presupuesto, mientras que la Fiscalía salvadoreña tiene asignados apenas $40 millones al año.
A manera de ejemplo, mencionó que ambas instituciones deben investigar delitos similares: homicidios, narcotráfico y corrupción.
“Vamos a tener que pedirle un préstamo a la Fiscalía de Guatemala”, ironizó Meléndez sobre la disponibilidad que tiene en recursos.
Otros apoyan la Cicies
Anteriormente diversos sectores se han pronunciado a favor de instalar una comisión que combata la corrupción y la impunidad, entre ellos, la empresa privada y abogados reconocidos que ven en esa instancia un instrumento judicial que podría coadyuvar al trabajo que realiza la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Consultado el Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Jaime Campos, sostuvo que el país debe buscar “modelos” convenientes para esa labor y coordinar los esfuerzos que cada institución que trabaja por la transparencia hace de forma dispersa.
Ejemplificó que podría instalarse un sistema nacional anticorrupción presidido por la sociedad civil, dirigido por ciudadanos notables y relacionados al combate de la corrupción y la impunidad, pero sin vínculos partidarios.
Campos es de la idea que ese sistema debería ser independiente de la Fiscalía, pero que esa entidad debe ser partícipe, así como la Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema de Justicia, el IAIP y el Tribunal de Ética Gubernamental, entre otras.
Añade que habría que definirle cuáles serían los casos a investigar, sus objetivos y el enfoque, todo bajo la tutela de un acuerdo marco como el que hizo Guatemala con las Naciones Unidas.
Opina que en el país la institucionalidad es sólida, por lo que hay que explorar otros modelos que funcionen.