Hoy se cumplen 31 días desde que la Cámara Segunda de lo Civil envió al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el listado de preguntas que el expresidente Mauricio Funes tendrá que responder desde Nicaragua, donde está asilado, por el juicio de supuesto enriquecimiento ilícito que enfrenta.
Sin embargo, el magistrado de la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal, Belarmino Jaime, señaló que el tema ya ha sido llevado una vez a la sesión de Corte Plena y no se llegó a ningún acuerdo, y desde entonces no se ha vuelto a agendar.
Manifestó que hasta el momento falta que ocho de los 15 magistrados voten.
Una vez que la Cámara envió el cuestionario, el máximo tribunal debía de encargarse de realizar los trámites para remitir la información al Órgano Ejecutivo para que este busque los canales diplomáticos con el fin que Funes declare.
Fiscalía rechazó realizar cuestionario
El cuestionario fue elaborado por el abogado defensor del expresidente, Enrique Araujo Machuca. Por su parte, la Fiscalía General, en un escrito remitido a la Cámara argumentó que no anexaba preguntas para Funes porque desde su punto de vista el método en el que el expresidente realizará la declaración es “inoficioso, pues la declaración será provechosa para la institución, únicamente bajo mecanismos del contrainterrogatorio”.
Mientras que el titular del Ministerio Público, Douglas Meléndez, dijo que “enviar un cuestionario para hacerle preguntas de parte de la Fiscalía, sería como estar haciendo un monólogo, no podemos entrar en eso”.
Funes, su hijo Diego Roberto y la exprimera Dama, Vanda Pignato, fueron enviados a juicio civil en febrero del año pasado porque no pudieron justificar $728,329.74 de su patrimonio.
El proceso todavía no finaliza, ya que la última audiencia, llamada probatoria, se ha aplazado tres veces. La primera fue el 15 de noviembre, para entonces los peritajes contables solicitados por la Fiscalía todavía no estaban listos.
La segunda suspensión fue el 4 de enero, porque Araujo Machuca alegó ante la Cámara que tenía otras diligencias.
El tercer aplazo fue el 17 de enero, cuando el defensor de Funes presentó un recurso de apelación, debido a que el 11 de ese mes las dos magistradas del tribunal superior avalaron que Funes declarara desde Nicaragua, tras solicitud del abogado, pero no resolvieron realizar un auxilio judicial internacional.
El expresidente, además de enfrentar un proceso civil es investigado por cinco delitos penales que habría cometido durante su administración. A partir de las indagaciones las autoridades allanaron sus propiedades.