Mientras los 262 alcaldes vienen desde el año pasado con serias dificultades para pagar sus obligaciones por el atraso del gobierno en entregarles el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), el Ejecutivo pide que la Asamblea le apruebe $30 millones en préstamo para comprar sistemas informáticos que mejoren el cobro tributario.
La angustia de los gobernantes locales los llevó ayer a presentarse de sorpresa ante los diputados de la Comisión de Hacienda, para exigirles que le pongan al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, una fecha tope para que les pague el Fodes de enero y febrero que les debe.
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Los alcaldes reiteraron que a estas alturas del año están por caer en una situación caótica como la que vivieron entre julio y diciembre de 2016 por no poder pagar a sus proveedores, la energía eléctrica, el agua, compromisos de obras locales y, en algunos casos, no poder pagar los salarios a tiempo.
Sin embargo, la diputada Lorena Peña, del FMLN, les hizo ver a los alcaldes que las cosas en la Asamblea no funcionan de esa manera y que la persona que decide cuándo tendrá la disponibilidad de dinero para cumplir con el pago del Fodes es el titular de Hacienda y no los diputados.
Peña comentó que si era “sólo para que nos tomemos la foto (con los alcaldes) y no podamos resolverles” no acordarían nada para exigir al gobierno que les pague el Fodes.
El jueves pasado la Asamblea aprobó un recomendable para que Hacienda le cancele a las municipalidades, pero ese documento no es vinculante.
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Tras varias intervenciones de los legisladores a favor de que se emitiera un dictamen ayer mismo para exigir al gobierno que les pague en una fecha determinada, entre ellos el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, y los diputados de ARENA Donato Vaquerano y Ana Vilma de Escobar, la Comisión decidió que la petición de los alcaldes agremiados en la Corporación de Municipalidades de la República (Comures) no procedía por cuestión de trámite.
Los alcaldes que llegaron en representación de los 262 gobernantes locales se fueron desilusionados y con la única noticia de que Cáceres les trasladó a través de la diputada Peña, vía telefónica, de que ayer a las 2 de la tarde les había depositado un poco más de $2 millones para que solventen al menos los pagos de sus deudas.
Pero el alcalde de Chalatenango, José Rigoberto Mejía, desmintió a Cáceres, ya que posterior al anuncio de Peña afirmó que no habían recibido ningún depósito de dinero de Hacienda, aunque explicó que los fondos primero ingresan al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem) y luego se los trasladan.
Milagro Navas, presidenta de Comures y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, de ARENA, lamentó que la petición fue vista en la Comisión de Hacienda con tinte “político”.
Por su parte, el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, reforzó la posición del FMLN de que ayer la Comisión no podía procesar un dictamen tal como lo deseaban los alcaldes.
Vásquez se comprometió a que en 15 días verían cómo resuelven esa situación, para lo cual acordaron convocar al titular de Hacienda.
Más deuda
La petición del nuevo préstamo de $30 millones para agilizar el cobro de los impuestos ingresó hace dos semanas a la Asamblea, pero su estudio se ha postergado en la Comisión de Hacienda para el lunes de la semana que viene, fecha en que deberá comparecer Cáceres para ampliarles el destino de la nueva deuda, ya que algunos diputados dicen desconocer exactamente para qué será utilizado el dinero.
Pero no sólo eso, el gobierno también envió la semana pasada dos peticiones para adquirir más deuda para programas de prevención de la violencia por $22.6 millones.
Dichas solicitudes son aparte de otros $100 millones para seguridad que requirió con anterioridad y que están a la espera de su ratificación en la Asamblea Legislativa.
Sólo en los rubros antes citados el gobierno pide $152.6 millones, esto sin contar con otras solicitudes de nuevos préstamos aún en estudio por los diputados.
Según Ponce, la solicitud de los $30 millones es “justificable”, ya que ayudará a modernizar el sistema informático con la adquisición de nuevo software para tener todo en línea y mejorar la tributación, pero no compromete los votos del PCN.
El diputado Rolando Mata, del FMLN, justificó que los $30 millones son “hasta muy poquito” para mejorar los sistemas informáticos que respondan a las nuevas exigencias y mejoren la recaudación.