Pese a que ya tiene cerca de dos años y medio de retraso, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén aún no cancela la deuda de 2 millones 264 mil 377 dólares que tiene con los abogados que defendieron al país en el caso de la minera Pacific Rim ante el Ciadi (Centro internacional de arreglos de diferencias relativas a inversiones), instancia del Banco Mundial que dirimió el litigio en EE.UU.
Los pagos pendientes del país con el bufete de abogados Foley Hoag datan de la audiencia de la etapa final del caso celebrada durante la segunda quincena de 2014.
El bufete le ayudó al país a ganar el engorroso caso abierto en 2009 en Washington por Pacific Rim, que demandaba una indemnización de $250 millones por no permitírseles extraer oro y plata en las minas de San Isidro, en Cabañas.
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Para esa audiencia considerada clave en el proceso, por ser una especie de juicio del caso, el bufete y el equipo de defensa del país, coordinado por el abogado experto en litigios internacionales, Luis Parada, pusieron a disposición sus propios recursos para llevar a Washington a especialistas de derechos y otros expertos internacionales en el tema de la minería.
Según han explicado los abogados, esa estrategia les valió para desbancar los planteamientos de la empresa minera, que reclamaba el derecho de explotar las minas en suelo salvadoreño aunque no cumplía con todos los requisitos de la Ley de Minería, legislación vigente en El Salvador desde mediados de la década de 1990.
Funcionarios rehúyen a hablar con abogado
Luis Parada, quien estuvo durante 10 días en El Salvador hace algunas semanas, explicó a El Diario de Hoy que trató por todos los medios posibles de sostener encuentros con altos funcionarios del Ejecutivo para tratar de que se concrete el pago pendiente de más de dos millones de dólares, pero sus esfuerzos no tuvieron resultados.
Parada afirmó que sólo encontró evasivas en los escurridizos funcionarios, sin especificar con quiénes trató de conversar sobre el tema.
Además, aseguró que la falta de pago ha complicado al mismo bufete donde labora, ya que a principios de este año las altas autoridades de la firma han procedido a cesar a algunas personas del equipo que trabajaron en la defensa de El Salvador, cuya remuneración por sus honorarios aún esperan.
Parada ve con buenos ojos los intentos del Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, por que se salde la millonaria deuda, pues es su despacho el encargado de canalizar ese pago debido a que por mandato de ley la FGR y su titular es el apoderado legal del Estado y es quien debe encarar la defensa del país en litigios contra el Estado y contratar los servicios de expertos.
No obstante, durante los últimos dos ejercicios fiscales de 2016 y 2017 Meléndez ha incluido en el presupuesto de la Fiscalía General de la República el monto para saldar esa deuda, pero al pasar su requerimiento por el despacho del ministro de Hacienda Carlos Cáceres, la partida ha sido eliminada por dos años consecutivos, según lo hizo saber el fiscal mediante una nota que envió a la Asamblea el año pasado.
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En esa carta enviada el 22 de de noviembre, Meléndez pidió a los diputados que incluyeran el monto de la deuda con el bufete Foley Hoag en el actual ejercicio fiscal destinado para el Ministerio Público antes de aprobar el Presupuesto 2017, a sabiendas que Cáceres ya se había encargado de borrarlo del plan de gastos.
La orden judicial
Por otro lado, en la resolución del Ciadi el tribunal arbitral ordenó a Pacific Rim que le pagara al Estado salvadoreño $8 millones como parte de los costos por la defensa del país ante el organismo. Sin embargo, ese pago aún no se ha hecho efectivo tampoco.
Parada afirmó que a partir de las escuetas comunicaciones que ha mantenido con los abogados de Pacific Rim para finiquitar la sentencia de noviembre pasado dictada por el Ciadi y por los comunicados de la compañía difundidos en El Salvador, todo indica que la empresa minera recurriría a la solicitud de nulidad del veredicto en el Banco Mundial en los días venideros.
La empresa Oceana Gold, de la cual es subsidiaria Pacific Rim, difundió un comunicado el mes pasado en el que indicó que antes de emitir un comentario sobre el caso, esperará “recibir la correspondencia oficial de los jueces” ante los nuevos trámites que ha realizado el bufete de abogados ante el Ciadi en diciembre pasado. Los abogados pidieron que el tribunal reconsidere imponer una tasa de interés a los $8 millones que la minera debe pagar al país, por lo que si se tarda más en cancelar la deuda ésta crecería.