En tan solo cuatro meses 15,326 ciudadanos han decidido cambiarse de un municipio a otro, según lo reflejan datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). El periodo en que cambiaron es entre el 1 de octubre de 2016 y el 10 de enero del presente año.
Ciudades como San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y el municipio de Santa Tecla registran el mayor número de migración de personas aptas para votar.
Pero no sólo en esas, también en municipios emblemáticos del Gran San Salvador como Mejicanos, Soyapango e Ilopango, entre otros, se observa variaciones importantes en el número de habitantes.
El flujo poblacional varía tanto de quienes se marchan hacia otro municipio o departamento, como de los que llegan a residir a esas localidades.
El cierre para realizar los cambios de domicilio finaliza el próximo 3 de marzo a la medianoche, según lo establece el calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Que una persona sólo se cambie de dirección, siempre y cuando no sea a un municipio o departamento diferente de donde vive, no tendría ningún impacto en las votaciones.
Pero en este caso, para los comicios del 4 de marzo del próximo año cuando se elegirán a 262 alcaldes, 84 diputados a la Asamblea Legislativa y 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen), las modificaciones de residencia en los DUI pueden marcar la diferencia para que un determinado partido gane una alcaldía o la pierda, o que obtenga más escaños o no en el Congreso y en el Parlacen.
Según los datos que maneja el RNPN, en algunos municipios la cantidad de ciudadanos que han salido es mayor que el número de los que han ingresado.
Sólo en el municipio de San Salvador, gobernado actualmente por Nayib Bukele, del FMLN, el Registro ha contabilizado que entre el 1 de octubre de 2016 y el 10 de enero 2017 han sido 1,006 ciudadanos los que han llegado a vivir a la capital, mientras que otros 918 votantes se retiraron.
Mejicanos, Soyapango, Ilopango, Apopa, San Martín, Tonacatepeque, Ayutuxtepeque, todos municipios de San Salvador, son algunos de los lugares en los que se nota un mayor porcentaje de mudanzas de personas saliendo de ellos como ingresando.
Los datos resultan a simple vista curiosos; ejemplo de eso es Ilopango en donde la cantidad de ciudadanos que se fueron de ese municipio, gobernado por el alcalde Salvador Ruano, de ARENA, supera en 256 personas a la cifra de los que llegaron, ya que según el balance del RNPN entre octubre y enero, 206 personas se mudaron a Ilopango, pero 462 se fueron.
Igual ocurre en Soyapango, administrado por el edil José Miguel Arévalo Rivera, del FMLN, donde han llegado a vivir 352 nuevos habitantes, pero 879 se han ido.
Apopa, liderado por el alcalde interino, José Santiago Zelaya, de ARENA, es uno de los municipios que registra mayor porcentaje de migración hacia otro municipio. Llegaron a vivir 173 nuevos residentes, pero se marcharon de allí 460 habitantes.
En Santa Tecla ocurre lo contrario. En ese lugar se observa que los que se han mudado a ese municipio son más que los que salieron.
El Registro revela que 518 han decidido irse a vivir a Santa Tecla, mientras que 325 se marcharon a otras localidades. Santa Tecla es gobernada por Roberto d’Aubuisson, de ARENA, tras más de una década de que el FMLN la tuvo bajo su mando.
Si es estrategia electoral la FGRdebe investigar, dice magistrado
En todos los municipios se refleja movimiento migratorio de ciudadanos, un acto que es totalmente legal, explica el magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza.
Y aunque la inseguridad podría ser un aspecto que incida en algunos traslados, el magistrado Cardoza advierte que si hay sospechas que esos flujos de personas se deben a estrategias políticas para favorecer o afectar a un partido o candidato específico, la instancia que debe indagar es la Fiscalía General de la República (FGR), a petición o denuncia que pueden hacer los partidos o el RNPN.
“Es un derecho del ciudadano (cambiar de domicilio) y cuando se cierre el registro a nosotros nos vendrá el informe (del RNPN); si hay movimientos sospechosos, allí podrá intervenir la Fiscalía e investigar. En otros países, los Registros tienen facultad para poder verificar si realmente hubo cambio de domicilio (si se mudó como lo solicitó), es más, si un partido sospecha puede denunciar a la Fiscalía”, afirmó Cardoza.
Uno de los requisitos en la ley de emisión del DUI es que el ciudadano que desee modificar su residencia debe certificar la legitimidad de su acción, pero a juicio de Mariella Peña Pinto, miembro de la Junta Directiva del Registro en representación de ARENA, los Duicentros no están exigiendo ese documento, lo cual estaría contribuyendo a que haya falsedad en la información.
La presidenta del RNPN, Margarita Velado, explicó que lo que “existe es una declaración jurada no sólo para el cambio de domicilio, sino para todos los datos”. Sin embargo, admite que el RNPN está inhabilitado por ley para constatar si el cambio de residencia es real o no.
“No le puedo asegurar que todos los cambios de domicilio son con el espíritu de la libertad que tiene cada ciudadano de residir donde él quiera, hay posiblemente cambios de domicilio que son falsos”, reconoce.
Ante esta situación, Velado manifiesta que ha pedido reformas a la ley para que además de esa declaración jurada los solicitantes presenten un recibo de agua o de luz, o si no cuenta con servicios básicos en su casa documenten su cambio de residencia con un contrato de arrendamiento o escritura pública.
“Si quieren que la Fiscalía verifique algunas direcciones -porque son cinco millones- dénle la potestad en la ley al RNPN, porque la morada es sagrada, solo se interviene con una orden judicial, no puede andar el RNPN tocando las puertas de forma arbitraria, si no está consignada específicamente en una ley”, acotó.