Las escuchas telefónicas fueron prueba fundamental para que el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador encontrara culpables a tres exjueces Antimafia de San Miguel y les impusiera penas de 4, 14 y 19 años de cárcel.
Se trata de Enrique Alberto Beltrán Beltrán, exjuez Propietario del Tribunal de Sentencia Antimafia de San Miguel; Rodolfo Castillo, exjuez suplente del mismo Juzgado; y Jorge González, exjuez de Instrucción Antimafia del mismo departamento.
Los tres abogados fueron destituidos el 12 de agosto de 2014 por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, tras una extensa investigación en la que se confirmó que cometieron irregularidades desde sus cargos.
El primero en aplaudir el resultado del juicio fue el Fiscal General, Douglas Meléndez, tras afirmar poco después de conocerse la resolución: “Esta es una condena histórica y ejemplificante, que demuestra el buen trabajo investigativo de la Fiscalía”.
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El director de Unidades Especializadas de la Fiscalía, Allan Hernández, horas después en conferencia de prensa, secundó la postura de Meléndez, al catalogar este caso como “una venta sistematizada de la justicia”.
Detalló que los tres jueces habrían cobrado más de 85 mil dólares por doblar la justicia en favor de delincuentes.
Entre tanto, los juzgadores que tuvieron a su cargo el proceso no se quedaron callados, al contrario, se sintieron ofendidos por el actuar de sus colegas en oriente.
Uno de ellos, antes de emitir su fallo, reflexionó: “Se debe tener jueces que no se vendan… ni que soliciten o reciban dádivas porque eso es delito… el juez debe comportarse independientemente para no afectar el bien jurídico de la sociedad”.
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Por casi cuatro semanas los exjueces fueron juzgados por una docena de casos de corrupción en el que beneficiaron con libertad a varios acusados a cambio de dinero.
El provecho consistió en adelantamiento de fecha de audiencias, revisión de penas y libertad de imputados vinculados al narcotráfico, pandillas y sicariato, en procesos judiciales registrados entre 2012 y 2015.
También influyeron las confesiones de un imputado que se acogió a beneficios penales ofrecidos por la Fiscalía a cambio de colaborar en la investigación y esclarecer los hechos (testigo criteriado) que se le inculpaban.
El exjuez Antimafia, Enrique Beltrán Beltrán, fue el principal implicado en esta red de jueces, por lo cual el Tribunal capitalino le impuso la pena mayor: 19 años con seis meses de prisión. Beltrán Beltrán, titular del Tribunal Antimafia de Sentencia de San Miguel, fue hallado culpable de cinco casos de soborno.
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De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el exjuez propietario autorizaba al testigo criteriado para negociar beneficios con familiares y abogados de imputados, tras pagar sumas de 750 y 1,500 dólares.
El exjuez, en una ocasión que familiares de un detenido le pidieron que lo dejara libre, pero le advirtieron que no tenían como pagarle, él respondió que “si no había pago tampoco había beneficio”. Los parientes se rebuscaron y consiguieron 900 dólares que acordaron por una resolución favorable.
Mientras que el exjuez suplente Especializado de Sentencia de San Miguel, José Rodolfo Castillo Morales, pasará 14 años en prisión por tres casos de soborno.
El también destituido juez Antimafia de Instrucción de San Miguel, Jorge González Guzmán, fue sentenciado a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable en uno de los casos.
Dichas condenas fueron el resultado de tres semanas de juicio, en el que los jueces valoraron los 125 discos que contenían las intervenciones telefónicas, las confesiones de 37 testigos de cargo (contra imputados) y siete de descargo (en favor de imputados), así como abundante cantidad de documentos.
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Al final, los jueces, por decisión unánime, encontraron a los exjuzgadores culpables de los delitos que la Fiscalía les atribuyó.
El imputado arrepentido o testigo criteriado identificado como “Ades” dijo que Beltrán y Castillo eran los que daban las órdenes para negociar casos judiciales a cambio de ciertas cantidades de dinero, mientras que él (“Ades”) era el que cobraba el dinero acordado con algunos abogados para favorecer a sus clientes.
Al final de la lectura de la resolución del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, algunos familiares que se hallaban en la sala gritaron en tono de impotencia, que “era una resolución injusta” la que habían dictado.
González pidió no ser enviado al penal de Metapán adonde van los exfuncionarios. Según él porque correría peligro tras haber sentenciado a varios policías ahí recluidos.
CASOS POLÉMICOS
Dos narcotraficantes fueron favorecidos
En el caso conocido como “Los Garrobos”, los exjueces se vieron involucrados, por lo que el Tribunal Tercero de Sentencia les impuso a cada uno cuatro años de prisión.
Para lograr el cometido en este ilícito, los exjueces se valieron de la notificadora del Juzgado Antimafia de Instrucción, Marlin Carballo, y la excolaboradora judicial Estela Margarita Závala, para que negociara con los abogados de dos sujetos, integrantes de una estructura de narcotráfico en San Miguel.
Las empleadas judiciales negociaron con los abogados Luis Franco “Luisón” y Alex Enrique Medrano, para favorecer a dos imputados del caso de “Los Garrobos” que era referido por narcotráfico.
El juez de Instrucción, en vez de mandar a prisión a José Enrique Torres y a su hermano José Andrés Torres, les ordenó libertad condicional.
El juez Enrique Beltrán se excusó de conocer este caso porque ya lo había tramitado. Se lo asignó a su suplente Castillo, quien liberó a acusados.
Castillo liberó a mujer acusada de homicidio
Entre los casos que se le imputaron al exjuez Antimafia de Instrucción de San Miguel, José Rodolfo Castillo, está el homicidio en perjuicio del juez de Paz de Jocoro, en Morazán, delito por el cual dejó en libertad a Gladis Chicas Alemán.
Mediante llamadas telefónicas, la Fiscalía comprobó la negociación que se dio para dejarla libre.
Como ya sabía que sus teléfonos eran intervenidos, tanto el juez como los abogados de familiares que intercedían por la imputada habían creado un código de comunicación para no ser pillados.
El juez pidió al abogado defensor de la imputada Chicas Alemán la suma de 20 mil dólares a cambio de beneficiarla con una revisión de Sentencia, argumentó la Fiscalía.
Consta en el expediente que la imputada, a la hora de ser detenida, llevaba el cadáver de la víctima en el baúl del vehículo, así como el arma con el que supuestamente lo mató: un corvo ensangrentado.