A los principales obstáculos que ya enfrentan los empresarios salvadoreños como son el crimen, la delincuencia y la corrupción, ahora se suman las “políticas gubernamentales erradas” que estarían siendo otro factor negativo para hacer negocios en El Salvador.
Así lo reveló ayer el Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), durante la presentación del Informe de Coyuntura Legal del segundo semestre 2016.
El análisis está basado en encuestas a 500 empresarios, quienes reiteran que la delincuencia y corrupción desalientan la inversión.
A eso se suma que, para Fusades, hubo una serie de acontecimientos que generaron incertidumbre jurídica.
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Entre ellos se destaca el proyecto de “Ley para el cobro de las deudas tributarias y multas a favor del Estado”; la modificación de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, la aprobación del presupuesto “inconstitucional y desbalanceado” del 2017, así como las reformas a la Ley de Obligaciones Previsionales (FOP) y proyecto de Reforma al sistema de pensiones.
A juicio de Javier Castro, director del departamento de Estudios Legales, con esto el Gobierno envía malas señales a los inversionistas.
“Son mensajes que generan incertidumbre. Si queremos que haya mayores fuentes de empleo tenemos que tener un adecuado clima de inversión y generar las condiciones de competitividad”, sostuvo.
En el informe se reitera el rechazo a la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de pensiones, por considerarla inconstitucional e inconsulta, pues vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores, como el de la propiedad privada y de la seguridad social.
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Fusades también señala que en el país la Inversión Extranjera Directa ha venido cayendo y lo ha colocado en desventaja con el resto de naciones de Centroamérica, en donde se registró una tasa promedio anual de inversión del 24.4% sobre el Producto Interno Bruto (PIB) entre 2010 y 2015. En El Salvador, “la misma tasa apenas ha logrado llegar a un 14%”.
Asimismo trae a cuenta que el Foro Económico Mundial publicó, en septiembre pasado, su Índice de Competitividad Global (ICG), el cual evalúa el desempeño de competitividad de 138 países en 12 aspectos (institucionalidad, infraestructura y ambiente macroeconómico) y El Salvador se situó en el puesto 105.
Paradójicamente, en 2003, el país fue el líder de la región centroamericana y uno de los países más competitivos de Latinoamérica.
Los problemas que le impiden al país hacer negocios, según el ICG, es la criminalidad, la corrupción y la burocrática de las instituciones.
Fusades, haciendo referencia a un estudio elaborado por la Escuela de Negocios Internacionales de América Latina (INCAE), manifiesta que para que el país pueda seducir a los inversionistas locales y extranjeros debe tener en cuenta cinco aspectos: estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad legal y libertad.
“La libertad se refiere a que exista representación política, igualdad de todos ante la ley, libertad de expresión, libertad de culto y libertad de asociación. La estabilidad legal se refiere a que exista Estado de derecho, protección a la propiedad privada, protección de la propiedad intelectual y leyes laborales funcionales”, destaca el documento.
Inseguridad: problema que agobia a ciudadanía
En su informe, Fusades reconoce que en 2016 hubo una reducción del 21% de homicidios respecto a los que las autoridades registraron en 2015.
Sin embargo, considera que la cifra de muertes violentas sigue siendo alta (hubo 5,278 casos el año pasado), por lo que exhorta al Estado a realizar esfuerzos efectivos para reducir los altos indices de criminalidad.
La cifra es alarmante si se toma en cuenta que en El Salvador el crimen representa un costo de 6.16% de su PIB, lo que lo posiciona en el segundo lugar de Latinoamérica, después de Honduras, con un mayor costo proporcional.
Las extorsiones son otro problema que agobia a la población. Citando estadísticas de la Policía Nacional Civil, la organización indica que las denuncias por este delito, en 2016, fueron 2,183, lo que equivale a un incremento porcentual de tres puntos en comparación con 2015.
Para combatir la delincuencia, es vital que las instituciones encargadas de ellos, como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, reciban suficiente presupuesto.
En el eje del Estado de derecho, Fusades reprueba los constantes ataques a la independencia de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que incluso, han provocado reacciones de la sociedad civil y de organismos internacionales.
Sobre el atraso en la elección de funcionarios de segundo grado manifiesta que es un hecho que se ha venido dando reiteradamente y eso, además, de que se incumple la ley, produce irregularidades en el funcionamiento de las instituciones.
Fusades considera que hay avances en el combate a la corrupción y el acceso a la información, pero señala que instituciones como la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental deben ser más efectivas en el cumplimiento de sus funciones.
Lilian Arrieta, del equipo de analistas, mencionó que hay necesidad de reformar la ley de la Corte de Cuentas porque hay muchas cosas que no funcionan, “hay excesivo presidencialismo”, afirmó.
