La cantidad de dinero a embargar que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el pasado lunes al Juzgado Séptimo de Paz contra el Grupo Radial Samix, y sus representantes legales, la exprimera dama Ana Ligia Mixco de Saca y su hermano Óscar Edgardo, además de las agencias publicitarias Funes y Asociados, América Publicidad y Anle, suman $24 millones 300 mil.
Mixco de Saca y su hermano son acusados de haber colaborado a lavar $22 millones como parte del supuesto desvío de $246 millones que realizó en su gestión de 2004 a 2009 el expresidente Antonio Saca, quien junto a tres de sus exfuncionarios y tres personas más guarda prisión preventiva mientras se desarrolla la etapa preliminar del proceso.
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Las agencias, en cambio, habrían contribuido, según Fiscalía, al desvío de dinero del Estado recibiéndolo con el objetivo de hacer trabajos publicitarios, pero estos no fueron concretados.
Ese dinero, de acuerdo con las investigaciones, habría vuelto a cuentas del Grupo Radial Samix y cuentas del expresidente Saca.
Por dicha empresa radial y sus representantes, la Fiscalía solicitó en la audiencia inicial el embargo de cuentas bancarias por $11 millones 126 mil.
Mientras que por Funes y Asociados, el Ministerio Público solicitó el embargo de bienes por $4 millones 924 mil; por América Publicidad por $5 millones y por Anle $3 millones 400 mil.
El dinero público y la triangulación de millones a cuentas del expresidente Tony Saca
Hoy por la mañana el Juzgado tiene previsto dar la resolución de la audiencia. Debido al vencimiento de plazo luego de la acusación formal, decretó prisión preventiva para 11 de los imputados.
La exprimera dama goza de libertad condicional. Una fuente fiscal manifestó a este periódico que no fue capturada como los otros procesados, entre miércoles y jueves, porque padece de una enfermedad y está en tratamiento, pero aseguró que se someterá al proceso.
Abogado cuestiona trabajo de Fiscalía
El abogado Lisandro Quintanilla, quien defiende a uno de los imputados ligados al desvío de dinero de fondos del Estado que habría realizado el expresidente Saca, señaló que habría “contradicción” por parte de los fiscales del caso al pedir al juzgado que algunos de los procesados se les decrete detención y, bajo los mismo argumentos, ha solicitado que otros, como Mixco de Saca, sean procesados en libertad.
Con ello, dijo Quintanilla, secundado por sus colegas, se viola el principio de igualdad.
El defensor dio estas declaraciones, la madrugada del martes, al terminar la audiencia inicial. Otra de las críticas hacia la Fiscalía fue la información en la que, según él, se basaron las investigaciones para el proceso penal.
Quintanilla dijo que el Ministerio Público habría hecho las acusaciones basado en un informe que le entregó la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no por el resultado de sus investigaciones.
El profesional, quien defiende a Oswaldo Octavio Orantes Marenco, manifestó que los fondos que la Fiscalía asegura que su cliente, María Emma Suazo, Ángel José Montoya y Sonia Morales recibieron (unos $12 millones), provenían del presupuesto General de la Nación y era para el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), entidad para la que los cuatro trabajaban.
Morales, según la fuente, recibió 5.4 millones en una cuenta mancomunada porque era la jefa de recursos humanos del OIE y el dinero servía para el pago de planillas.