El Juzgado Cuarto de Paz envió ayer a prisión temporal a la División de Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil al expresidente Elías Antonio Saca, tres de sus excolaboradores y tres trabajadores actuales de Casa Presidencial, tras su vinculación a una banda de presunta corrupción señalada del desvío de al menos $246 millones de fondos públicos.
Como medida preventiva en el proceso, el juzgado ordenó el congelamiento de bienes y cuentas bancarias a nombre de los imputados.
La resolución de la jueza Nelly Pozas en la audiencia inicial se basó en que el estado económico de los acusados no aseguraba que permanecieran en el país para enfrentar la justicia.
“Creo que no es suficiente, las posibles penas que se van a imponer son bastante elevadas”, acotó la juzgadora ayer al referirse a los arraigos presentados por la defensa de los imputados ante el tribunal, con el objetivo de quedar libres y enfrentar así el proceso.
La Fiscalía General acusó el martes a Saca, su exsecretario privado Élmer Charlaix; Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones del Gobierno; y César Funes, exsecretario de Juventud y extitular de Anda.
Asimismo a Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera de la Presidencia; Pablo Gómez, contador del secretario privado de Casa Presidencial; ellos son vinculados a tres delitos: agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y peculado (desviar fondos públicos). En el caso de Jorge Alberto Herrera, tesorero Institucional de la Presidencia lo procesan por agrupaciones ilícitas y peculado.
Argumentos de jueza
Para el delito de agrupaciones ilícitas, explicó Pozas que según la acusación, había una estructura delincuencial que funcionaba en tiempo y espacio determinado.
En la misma existía una figura económica y política que encabezaba el grupo (expresidente Saca), figuras intermediarias (Charlaix, Rank, Funes y Herrera), y de menor grado (Rodríguez Arteaga y Gómez), para la ejecución de diversas cuentas bancarias donde hubo retiro de dinero público sin que hubiese una justificación.
En cuanto al peculado, la juzgadora argumentó que para que el delito fuese cometido tendrían que estar involucrados funcionarios, puesto que consiste en el desvío de fondos públicos. Quienes estaban enmarcadas en esta calidad cuando supuestamente ocurrieron los hechos eran Saca y sus colaboradores, que habrían hechos triangulaciones de fondos públicos a cuentas personales.
Mientras que el lavado de dinero fue justificado por la juzgadora basándose en la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la apertura del juicio civil de Charlaix, en donde se menciona a otros imputados; y los análisis financieros realizados por la Fiscalía General.
Pozas dijo que el delito habría sido cometido porque cantidades no justificadas de dinero del Estado fueron depositadas en otras cuentas privadas, y quien se habría visto beneficiado era el expresidente, porque el dinero ingresaba a sus empresas.
También señaló que la acusación establece que Funes y Rank recibieron dinero de la cuenta subsidiaria institucional de la Presidencia y no existe comprobante que el dinero haya terminado en las secretarías de Juventud y Comunicaciones, que eran dirigidas por ellos, respectivamente.
Al final de la audiencia, el grupo de abogados defensores sostuvo que apelarán la resolución de la jueza en el plazo que les conceda la ley (ver nota aparte).
La abogada Silvia de Bonilla, defensora del expresidente Saca y Funes, aprovechó para solicitar una serie de concesiones para todos los imputados, entre los que están la salida de las bartolinas de los reos durante la mañana y la tarde, el ingreso de colchones, y máquinas para ejercitarse, cosas que no gozan aquellas personas que tienen calidad de reos (ver nota aparte).