La vida acuática en el río Grande, en San Lorenzo, Ahuachapán, aún no se recupera tras nueve meses de que fue afectado por el derrame de melaza en un ingenio de Chalchuapa, Santa Ana.
Alfonso Rodríguez relató que gran parte de sus 50 años de edad pescó en el afluente; pero que desde que ocurrió el derrame mejor se dedicó a cultivar maíz en dos manzanas porque del río ya no logró obtener peces. Obtuvo 90 quintales de maíz.
Las personas también se han empleado en el cultivo de jocote barón rojo y loroco, que son dos productos representativos del municipio.
Alfonso explica que antes lograba pescar el equivalente a $20 que era comercializado en la localidad.
“Ahora no agarro nada. Yo lo que quiero es que le echen peces a este río para que tenga suficiente. Antes este río tenía peces, contento se ponía uno”, dijo con resignación.
Él propone que haya una veda de dos años para que los pocos peces que aún hay logren reproducirse.
Parte de las casi 300 personas que se dedicaban a la pesca se han visto en la obligación de retomar otras actividades porque el río ya no cuenta con la cantidad de peces que tenía antes del problema ambiental que afectó, incluso, la especie tepemechín. Esta última, para entonces, ya estaba en peligro de extinción.
A eso se suma que no hay acciones para su recuperación.
El alcalde, Walter Ortiz, reconoció que están dejando que la situación se normalice naturalmente. Pero eso, a su juicio, podría tardar dos años.
El delegado municipal de Protección Civil, Rigoberto Ortiz, estima que apenas un 10% de las personas que se dedicaban a la pesca antes del derrame, continúan realizando dicha práctica.
El derrame, ocurrido en mayo del año pasado, también afectó a las especies conocidas popularmente como butes, chimbolos, mojarras, chupa piedra, lisos, plateados, y anguila.
Alfonso, el pescador, denunció que hay personas de municipios aledaños que llegan para extraer las pocas especies que aún existen; lo cual evita que los peces se reproduzcan.
El auxiliar de la unidad ambiental de la alcaldía de San Lorenzo, Carlos García, confirmó que existe una pesca indiscriminada porque no se está respetando el ciclo reproductivo de las especies.
Además de que el proceso de recuperación es lento, principalmente, porque al río no le han echado especies de peces del mismo tipo que fueron afectadas por el derrame de la melaza.
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En noviembre del año pasado, la alcaldía y una dependencia gubernamental iban a sembrar 100 mil alevines de tilapia; pero la medida fue detenida.
Un estudio que realizó el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMARES), de la Universidad de El Salvador, recomendó no autorizar la introducción al río de especies exóticas, como tilapia, al río Grande “por las consecuencias negativas que causa a las poblaciones de peces nativos, como ha sucedido y documentado en otras regiones”.
El mismo señala que al introducir tilapia en el río irá a competir por áreas de refugio, alimentación y reproducción de especies nativas de mojarras.
Además que se corre el riesgo que en el corto tiempo, las especies nativas disminuyan o desaparezcan del lugar.
El alcalde confía que dentro de dos años se normalice la situación del río. Este año ayudará el invierno porque prevé que peces de afluentes que alimentan al río Grande, sean arrastrados a este.
“Ahorita naturalmente se está recuperando el río; tampoco hemos hecho inversiones. Hemos estado esperando las recomendaciones de la Universidad de El Salvador (y) algunos movimientos que íbamos a hacer de inyectarle alevines, nos dijeron que no era lo más conveniente porque podrían destruir las otras especies”, dijo el edil.
TURISMO
El turismo en el cantón El Portillo, que es por donde cruza el río Grande, se ha normalizado. Periódicamente realizan festivales gastronómicos y para el 1 y 2 de abril tienen previsto realizar el festival del jocote barón rojo.
Sin embargo, la población sigue preocupada por el daño ambiental en el río.
En noviembre del año pasado, el Juzgado Especializado de Medio Ambiente resolvió que el ingenio La Magdalena debía pagar un millón 580,191 dólares como multa por haber derramado miles de galones de melaza en el río San Lorenzo, que hace recorrido por municipios de Santa Ana y Ahuachapán.
El tribunal declaró en su resolución que el ingenio causó severos daños ambientales al río en el que hubo una mortandad de peces. El incidente se registró el 5 de mayo de 2016.
La resolución judicial expone que “la restauración implica volver las cosas a su estado original, recuperar la integridad del ecosistema, atender los impactos en el recurso pesquero y la calidad del agua, lo cual deberá hacerse con apoyo especializado o por medio del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)”.
Los daños provocados por el derrame de melaza en el río y las medidas que se deben adoptar para remediarlos costarán 4.9 millones de dólares, según un estudio del Ministerio de Medio Ambiente.
En la resolución judicial se ordenaba que el referido ingenio pagaría 13,446 dólares por los costos de los gastos de la gestión institucional.